Los tratados de libre comercio (TLC)serán uno de los pilares del Gobierno para cambiar el modelo económico instaurado por el correísmo.
Hay sectores de poder en la Asamblea y fuera de ella que pondrán resistencia a una visión más liberal de la economía, lo cual es legítimo en una sociedad democrática, como también lo es acudir directamente a la ciudadanía para zanjar cualquier diferencia sobre el rumbo económico del país.
El envío de las reformas tributaria y laboral, así como de las proformas presupuestarias 2021 y 2022, serán las primeras pruebas que tendrá el Ejecutivo para evaluar la viabilidad de su plan de gobierno. Y más tarde el Legislativo tendrá que decidir si aprueba los TLC que el Gobierno anticipó que firmará.
Un cambio de rumbo en materia económica implica reformar leyes y aprobar nuevas, porque a través de las normas de construyen instituciones sólidas que puedan permanecer en el tiempo, independientemente del gobierno que esté en el poder.
Esto último ha sido muy complicado en Ecuador, donde cada gobierno quiere inaugurar un nuevo país cada cuatro años, lo cual impide tener objetivos a largo plazo.
Los tratados de libre comercio pueden romper esa tradición y convertirse en la salida que requiere el país para tener una visión de largo plazo, ya que los acuerdos comerciales no tienen fecha de caducidad y definen las reglas para las siguientes décadas en prácticamente todas las áreas: inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, servicios financieros, comercio de bienes y servicios, agricultura, etc.
El Gobierno anticipó que firmará el mayor número de acuerdos comerciales. En la lista están México, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Panamá, Corea del Sur, República Dominicana. También se busca entrar a la Alianza del Pacífico y a través de ella tener acuerdos con los países asiáticos.
En el camino aparecerán más países y cada uno será una prioridad, porque cada tratado comercial será una camisa de fuerza para Ecuador -algo así como la dolarización-, que lo obligará a cumplir compromisos internacionales alineados con el libre mercado y todo lo que aquello implica.
No hay que olvidar que los gobiernos han podido evadir o eludir las reglas que rigen en el ámbito nacional, sea porque controlan a los jueces o porque pueden armar mayorías en la Asamblea para aprobar normas que responden a sus intereses. Sin embargo, cuando se firman acuerdos comerciales, esas reglas no se pueden cambiar fácilmente. Un incumplimiento genera conflictos que son difíciles de evadir porque llevan al país a tribunales internacionales donde los jueces están bajo un escrutinio más amplio.
Además, los acuerdos comerciales pueden generar la presión internacional que requiere el país para concretar la famosa ‘agenda interna’, que implica mejorar la educación, trabajar en innovación, tener un plan en el agro, etc. Si se deja que esos cambios nazcan de la presión interna, probablemente el debate será eterno y el Gobierno no habrá cambiado el modelo económico.