Por primera vez desde que se redactó la Constitución vigente, un presidente tomó la opción constitucional llamado Muerte Cruzada. Es una figura que se redactó durante la hegemonía del correísmo.
Garantiza un mínimo de gobernabilidad con el cese de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas. Pero es la muestra de la debilidad institucional de Ecuador.
El Presidente de la República no ha incurrido a un golpe de Estado. Tampoco gobierna dictatorialmente. Se mantienen vigentes las funciones Judicial, Electoral y Participación Ciudadana.
Sin embargo, hubiese sido plausible que no se tenga que recurrir a es este invento constitucional que solo existe en Ecuador. Pero para no se incurrir en esta figura, se necesitaba al menos un poco de entendimiento y afán conjunto de encontrar salidas por lo menos a un problema que, en principio, supera toda posición ideológica: la violencia y el crimen organizado.
De todo hubo, menos eso durante estos casi dos años de gobierno de Guillermo Lasso. Las oposición parlamentaria impedía cualquier iniciativa suya y poco ha legislado. Sus empeños mayores fueron buscar mecanismos para destituir al Mandatario.
Haber recurrido a esta figura es la demostración de que no somos un país serio en lo institucional y el republicanismo. El respeto a la división de poderes no es algo que solamente requiere escribirse en una carta, sino del compromiso de los actores políticos para llevarlo adelante, reconocer las victorias y derrotas, propias y ajenas.
A muchos actores políticos les preocupa que se gobierne mediante decreto, incluso a pesar del control de la Corte Constitucional. Probablemente, tal como advirtió la Conaie, habrá movilizaciones. Sería añadir un problema más y, por tanto, habrá más incertidumbre en el ya crítico estado de desorganización del país.
Tanto el Gobierno como la Asamblea dejan grandes deudas. Ambas funciones ahondaron el escepticismo reinante en la ciudadanía. Mientras tanto, en el país arrecia la inseguridad, la falta de empleo y de oportunidades. El actual gobierno verá acortado su periodo y las próximas autoridades solo gobernarán hasta el 2025.
Ecuador necesita una clase política seria, comprometida con las grandes causas y no solamente una agenda mezquina.
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