“Persecución política” esgrimen como defensa el ex presidente y sus incondicionales seguidores. Resulta cínico ese discurso repetido ante los casos de corrupción y los abusos que solo ahora van saltando del oscuro ejercicio del poder durante la década correísta. Antes sacaron de la manga la carta de la persecución para oponerse al juicio en contra de Jorge Glas, que cumple una primera sentencia dictada por los jueces con la condena a seis años por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.
También, en su momento, el contralor de la década pasada, Carlos Pólit, declaró sentirse “un perseguido total”. Y todavía antes, al final del anterior gobierno, hasta el ex ministro de Hidrocarburos Pareja Yanuzzelli se ubicó en esa categoría.
En días recientes, cuando una jueza vincula a Correa en la indagación penal por el secuestro de Fernando Balda, delito que el Fiscal ha calificado como crimen de Estado, se añade otro calificativo al estribillo: Correa se declara víctima de una “brutal persecución política”; y su discurso se recarga con otra variante, la de lawfare o guerra jurídica para destruirlo.
Esta contracción inglesa se utiliza como discurso repetido para presentar en olor de santidad a ex mandatarios, como Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner, que también han reiterado en sendas proclamas su condición de perseguidos políticos. Pronto Correa elevó a Glas a ese santoral y ahora se incorpora él mismo al grupo de perseguidos por el imperialismo, autor último de la guerra contra los gobiernos de izquierda de América Latina.
¿Quién se traga esa rueda de molino? ¿Con qué cara habla el ex mandatario de persecución política cuando en su gobierno él sí la practicó de forma sistemática, ante silencio y obsecuencia de asambleístas de la mayoría oficialista, de las autoridades de control y las instancias judiciales que actuaban al ritmo que marcaba en las sabatinas quien se había declarado jefe de todas las funciones del Estado? ¿No fueron víctimas de persecución medios de comunicación y periodistas, dirigentes indígenas, gremiales y sociales? ¿No lo fueron estudiantes y maestros?¿Y los policías y militares a quienes se encarceló tras la construcción de una verdad oficial del 30-S? ¿Y los que denunciaron hechos de corrupción? ¿Y los espiados por la Senain? ¿No la sufrieron los opositores a quienes se convirtió en enemigos?
La persecución política se produce en regímenes dictatoriales y autoritarios, que restringen las libertades, ponen mordazas a la prensa, lesionan los derechos humanos y no respetan la independencia de las funciones del Estado. El país vive una transición para restablecer la instituciones democráticas, entre ellas la justicia para investigar y procesar a la corrupción y otros abusos del poder.