Infancia vulnerable en Ecuador
El aumento de los delitos de menores de 18 años en Ecuador amerita una estrategia de prevención en la etapa temprana de la infancia y de la adolescencia.
Hay factores ampliamente conocidos que conducen a menores vulnerables a la calle y a la criminalidad. Entre estos están la pobreza, inequidad, desempleo, abandono de los padres por la migración.
Gran parte de ellos son de hogares desestructurados por la violencia, el abuso de drogas y la explotación.
Solo en este trimestre del 2023, Juan Zapata, ministro del Interior, informó que se han detenido a 500 menores en el Ecuador.
Al no existir planes efectivos de acompañamiento y seguimiento estos niños y adolescentes vuelven a entornos conflictivos.
Ahí se ven en la necesidad de regresar a las calles, en donde son usados por bandas narco-delictivas.
Eso implica tenencia y uso de armas para delitos, como sicariato, secuestros extorsivos, asesinatos.
Por su condición de vulnerabilidad también son insertados en redes de trata y pornografía infantil.
En otros casos retoman delitos comunes, como robos y asaltos y hasta arman sus propias bandas, como se evidenció en Quito hace unos días.
Bajo estas circunstancias es evidente que los niños y adolescentes precisen de protección y medidas preventivas eficaces.
El desafío para trabajar en prevención antes de que entren en conflicto es clave. La sociedad debe ser consciente de que los menores de 12 años no son imputados penalmente ni reciben medidas socioeducativas.
En el caso de los adolescentes se establecen medidas sustitutivas a la detención y socioeducativas. Pero esto no siempre garantiza la reinserción educativa, la integración familiar ni una inclusión en su comunidad a largo plazo.
Al ser un tema complejo requiere de mayor atención porque, además, implica mucho dolor, resentimiento e ira de los menores que cometen los delitos como de las víctimas o familiares, que demandan justicia.
Nunca es demasiado tarde para que el Estado ecuatoriano delinee políticas de prevención en edades tempranas.
Los menores de edad tienen derecho a tener una mejor calidad de vida y aportar al país con sus habilidades y talentos.