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Responsables de las masacres carcelarias aún sin sentencia

Durante la última masacre carcelaria, personal de Medicina Legal realizó el levantamiento de los cuerpos. Foto: El Comercio

Las cuatro masacres carcelarias que se han registrado este año provocaron la muerte de 290 presos. Así lo señala un informe estadístico de Fiscalía al que este Diario tuvo acceso. Nadie ha sido sentenciado aún por esos crímenes.

Las cuatro matanzas ocurrieron en febrero, julio, septiembre y noviembre del 2021, en las cárceles de Guayas, Cotopaxi y Azuay.

Luego de cada episodio de violencia, investigadores y personal de Criminalística se trasladaron a esos centros carcelarios para recabar evidencias y determinar quiénes fueron los responsables de cada hecho.

Por las cuatro masacres, la Fiscalía ha abierto 17 procesos de investigación. De esos, nueve son por la muerte de los presos. Se indagan seis delitos: asesinato, homicidio, delincuencia organizada, daño al bien ajeno, violación y robo.

De esas 17 causas abiertas, 12 aún siguen en investigación previa, es decir, en la primera etapa del proceso penal en la se recopilan indicios o datos para identificar a posibles responsables de los crímenes.

La Fiscalía confirmó que aún nadie ha sido sentenciado por ninguno de los 290 asesinatos. Siete de los nueve procesos por asesinato u homicidio aún siguen en investigación reservada y, por lo tanto, no hay procesados.

El último hecho de violencia se registró entre el 12 y 13 de noviembre del 2021 en la Penitenciaría del Litoral. Un enfrentamiento entre bandas provocó la muerte de 62 reos. En este caso, la Fiscalía abrió una investigación previa

En las oficinas de esa entidad también reposa otra investigación por la muerte de 122 internos en la Penitenciaría del Litoral. La matanza ocurrió el 28 de septiembre del 2021 y es considerada la peor masacre carcelaria en la historia del país. Este caso tampoco supera todavía la primera fase del proceso judicial.

Los fiscales que indagan estos hechos explican que por ley tienen hasta dos años para indagar estos crímenes.

Así lo establece el artículo 585 del Código Integral Penal. Allí se detalla que los delitos sancionados con más de cinco años de cárcel podrán ser investigados en un plazo máximo de dos años.

Los agentes investigadores aseguran que para la investigación de cada masacre recopilan videos de las cámaras de seguridad de las cárceles. También recaban grabaciones de los asesinatos que se difundieron en las plataformas digitales. En las imágenes se ven degollamientos, mutilaciones e incineraciones.

Además, toman los testimonios de los detenidos que fueron testigos de las masacres. Quienes sean judicializados por estas masacres pueden enfrentar una pena de 22 a 26 años de cárcel por el delito de asesinato.

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