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El centro de Guayaquil ya luce navideño

30 proyectos para mejorar la vida de presos están inconclusos

El Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi cuenta también con pabellones de máxima seguridad. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El listado de presos asesinados está incompleto. Los registros oficiales de las víctimas de la Penitenciaría del Litoral apenas contienen un nombre y un apellido. Datos como el número de cédula, el pabellón al que pertenecían los presos y el ala donde estaban ubicadas sus celdas se desconocen hasta hoy.

Organismos como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y comités de Derechos Humanos ya han solicitado esos detalles al Sistema Penitenciario (SNAI). Una de las dudas que se quiere aclarar es cómo estaban distribuidos los presos. 

Los informes oficiales revelan parte de ese proceso. Las personas detenidas no son separadas por su grado de peligrosidad o con base en informes técnicos de salud mental.

El único filtro que existe es que los guías pregunten a los presos si pertenecen a una banda y luego los direccionan hasta el pabellón dominado por esa mafia.  

Los guías penitenciarios, que laboran en cárceles como la Penitenciaría de Guayaquil, el Turi de Azuay y la cárcel de Cotopaxi, corroboran esta información. “El SNAI tiene un plan de trabajo para redistribuir a los presos de forma adecuada, pero aún está por ejecutarse”, dice un guía que ha trabajado en esas tres prisiones.  

Pero esta tarea debía completarse hasta diciembre de este año. Así lo recoge el último informe del Organismo Técnico de Rehabilitación. Ese organismo detalló 30 metas que el SNAI y otras ocho instituciones del Estado debían cumplir hasta diciembre próximo.  

 Los proyectos estaban direccionados a mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad en aspectos como seguridad, salud, educación, deportes y rehabilitación.  

De hecho, el Estado destinó USD 18,6 millones para la realización de esas metas. Entre los planes que se tenían previstos estaba adquirir escáneres, circuitos cerrados de televisión y sistemas de inhibición de señal telefónica de las cárceles de Cotopaxi y Guayas. 

Pero hasta el momento esto no se ha concretado. El SNAI está en proceso de adquisición. Los últimos reportes de daños de estas cárceles, que datan del 30 de octubre, indican que en prisiones como la Penitenciaría los “sensores no funcionan desde hace muchos meses” y que “no existen cámaras de seguridad al interior” de la cárcel. Para este proyecto se destinó USD 520 000. 

Otro proyecto a cargo del SNAI era la incorporación de aproximadamente 400 nuevos servidores al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Esto tampoco se ha concretado. De hecho, la Alianza contra las prisiones, que aglutina a varias organizaciones de la Sociedad Civil, identificó hace un mes que existe un déficit de guías. Según sus reportes, hay un guía por cada 400 presos.  

Para suplir parte de esa necesidad, el Gobierno dispuso que policías y militares ingresen a las cárceles.  

Otra meta para este año era procesar aproximadamente 7 400 expedientes de presos que pueden acceder al cambio de régimen o a un beneficio penitenciario. Para esto se destinaron USD 1,6 millones.  

El Consejo de la Judicatura ha admitido que existen retrasos en el procesamiento de estas causas, pero afirma que no están suspendidas. Incluso señala que en Guayaquil este año se han emitido 3 754 boletas de excarcelación en la unidad de garantías penitenciarias. 

Pero entes como el Comité por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil piden que los trámites sean más ágiles para que el hacinamiento en las cárceles se reduzca. Además, solicitan que se haga un seguimiento de todas las metas que no se han cumplido este año. Especialmente los proyectos que tienen relación con la rehabilitación integral.

Uno de estos programas es el acceso a certificaciones de competencias laborales de 5 800 privados de libertad a escala nacional. El informe de la Comisión de Soberanía de la Asamblea da cuenta que esto no ocurre en las cárceles del país. Por ejemplo, en la prisión de Chimborazo existen reportes que indican una necesidad de ampliar y diversificar las áreas laborales. 

“Centros como la panadería no se encuentran habilitados por falta de mantenimiento de un motor valorado en USD 2 500 aproximadamente”. En tanto que en Guayas no hay constancia de que existan programas laborales.  

En la parte deportiva tampoco hay avances. En centros carcelarios como el Turi, la cárcel de El Inca en Quito y la cárcel Regional no se tienen informes de actividades deportivas con énfasis en la rehabilitación. En cárceles de mujeres de Guayas incluso se tiene informes de que tienen poco acceso a patios y a las áreas verdes.  

El Gobierno ha dispuesto un nuevo presupuesto para afrontar la crisis carcelaria este y el próximo año. El Estado destinará USD 75 millones para un plan a mediano plazo.

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