¡Que viva el Quito de antaño en La Ronda!
María Elena García: ‘La inclusión beneficia a toda l…
12 días al año bajará el IVA del 12% al 8% en el sec…
Las exportaciones de arroz nacional cayeron 95% este 2021
Mera, Bagüí y Pellerano, los ‘duchos’ de la final
Vacunarse es una responsabilidad colectiva
Festival de Orquestas en la agenda de Fiestas para e…
Australia detecta el primer caso local de la variant…

María Josefa Coronel: ‘No hay una conexión eficaz entre la justicia y el SNAI’

Es abogada. Tiene una maestría en Derecho Administrativo, una especialidad en Derechos Humanos. Foto: Cortesía

Actualmente, el país vive una crisis carcelaria que ha dejado 315 presos asesinados. Las prisiones de Guayaquil son las más violentas y las que más hacinamiento padecen. Informes del Directorio de Rehabilitación Social responsabiliza a distintas instituciones, entre ellas a la justicia, por todos estos hechos.

¿Cuáles son las responsabilidades que el sistema judicial tiene en esta crisis penitenciaria?

En primer lugar, la administración penitenciaria le pertenece exclusivamente a la función Ejecutiva. En segundo lugar, habría que preguntarse si en el país existe una gestión penitenciaria. ¿Realmente tenemos un equipo de profesionales capaces de gestionar la vida de privados de libertad? Nosotros como justicia nos estamos expresando a una gestión penitenciaria que en realidad no existe.

¿Pero qué ha hecho la Justicia para reducir el hacinamiento?

Lamentablemente lo que no se ha hecho se da por muchas razones. Una de estas es que no hay una conexión entre el juez de garantías penitenciarias con un juez de garantías penales. Tampoco hay una conexión con el SNAI (Sistema de Rehabilitación Social).

¿Para qué se necesita esta conexión?

Para que el juez esté advertido de que pronto va a cumplir la pena un detenido. También serviría para que el juez conozca cómo avanzan los informes de conducta. Pero aquí no se sabe porque el SNAI es una entidad invisible a la que usted le envía una solicitud a Quito porque tampoco hay oficina en Guayaquil. Ese informe regresa seis o siete meses después.

El último informe de Rehabilitación indica fallas específicas de la función judicial. Allí se explica que desde el 2014, año que entra en vigencia el Código Integral Penal, la población penitenciaria pasó de 23 500 a 38 000 presos. Y advierte que jueces y fiscales “tienen una dependencia excesiva de la prisión preventiva”. ¿Eso es real?

Es muy difícil darle una respuesta de una manera generalizada porque al violador no hay como dejarlo afuera. Tampoco se les puede dar una medida alternativa. Al narcotraficante tampoco. Si bien es cierto que la Corte Constitucional ha dicho que los jueces deben resolver sobre la prisión preventiva como último recurso, no es menos cierto que el Código Penal dispone a los jueces una prohibición en ciertos casos.

La mayoría de las personas que están en las cárceles (53,7%) están por delitos relacionados a drogas y contra la propiedad. ¿Han analizado este aspecto?

La ley es clara. Hay unos delitos que no se pueden dar prisión preventiva. Para que usted tenga una idea, hay casi 400 agentes de Policía que tienen que estar custodiando las prisiones domiciliarias, mientras que podrían estar cuidándonos en las calles. Esa es otra queja social. Por eso no es necesariamente real que los jueces mandamos a todos a la cárcel.

¿Pero en procesos para otorgar prelibertades cómo se puede agilizar?

Necesitamos una comunicación eficaz con el SNAI y un traslado de información rápida. Hoy no la tenemos. El SNAI debe devolver los informes rápidamente al usuario o al detenido para que ellos puedan presentar ante los juzgados. Yo me pregunto por qué el SNAI no hace este trámite directo y pasa al despacho del juez. De esta forma no se hace esperar al familiar del detenido cinco, seis o siete meses.

¿Pero qué se necesita para que esto se concrete?

Se necesitan tres cosas. Voluntad estatal, participación de los funcionarios y los recursos para pagar las herramientas.

¿Esta sería una de las vías que serviría para reducir el hacinamiento?

Una de ellas. Esto serviría para los jueces de garantías penitenciarias. Pero para el atraso en tribunales sería bueno que el sistema penitenciario garantice que las diligencias no se suspendan por fallas de internet.

¿La Judicatura ha analizado otras alternativas para reducir el hacinamiento?

Nosotros este año hemos emitido 3 754 boletas de excarcelación solamente en la Unidad de Garantías Penitenciarias. Además, desde enero hasta el 17 de noviembre en toda la provincia de Guayas se han emitido 11 725 boletas de excarcelación. Creo que es un buen número para colaborar con reducir el hacinamiento en las cárceles.

¿Pero eso es mucho o poco en comparación con otros años, o se batió un récord?

No, yo creo que eso nunca será suficiente y no tengo la información a la mano para hacer un análisis al pasado y tampoco creo que sea un récord. Yo creo que aquí ninguna institución o poder del Estado puede decir, a estas alturas del partido, que se ha roto un récord. Aquí lo que nosotros deberíamos hacer, como representantes del Estado, es pedir perdón por la masacre ocurrida en las cárceles.

La ministra de Gobierno Alexandra Vela el 11 de noviembre pasado se refirió a la prelibertad que se le otorgó al jefe de la banda delictiva Los Tiguerones. La funcionaria dijo que los “jueces deberían también apoyar la lucha en contra de la delincuencia organizada y no proceder de manera tan expedita a poner en libertad a un (cabecilla) de una banda y colocarlo de nuevo en las calles de la ciudad. ¿Qué pasó en ese caso?

No recuerdo que la ministra haya hecho ese comentario, pero la libertad que se le concedió al personaje que usted hace referencia fue excarcelado porque legalmente le correspondía. El SNAI nunca dijo nada sobre el ciudadano. Por el contrario, dijo que tenía certificados de buena conducta y que cumplió con el 60% de la pena. Tenía todos los requisitos para la prelibertad. Tampoco estaba denunciado de ninguna forma y si a él se le atribuye las masacres le vuelvo a preguntar. ¿Por qué no estaba denunciado ante la Fiscalía? Ese hubiera sido un buen elemento para que el juez no le otorgara la garantía penitenciaria, pero eso no existió.

Hoja de vida

Formación: Es abogada. Tiene una maestría en Derecho Administrativo, una especialidad en Derechos Humanos. También cuenta con un Diplomado en Resolución de Conflictos.
Trayectoria: Llegó al Consejo de la Judicatura, en Guayas, en septiembre pasado. En el 2006 fue directora de la Corporación Municipal del Registro Civil.

Suplementos digitales