El proceso para liberar a un detenido debe iniciarse un mes antes de que cumpla la sentencia a la que fue condenado, debido a la serie de trámites que se debe cumplir.
El propio privado de la libertad o un familiar debe iniciar el trámite para obtener la boleta de excarcelación, tarea que se dificulta más si en el lugar donde guarda prisión no hay jueces de garantías penitenciarias o jueces penales.
Una vez que el juez conoce el caso y emite la boleta, existe otro trámite para hacer.
Los detenidos deben pasar los diferentes filtros donde se comprueba su identidad, mediante las huellas digitales, se le somete a un examen médico y pasa al último filtro, el de la Policía Judicial, que generalmente es el que demora más.
“La Policía Judicial no archiva los casos adecuadamente, no tiene conexión interinstitucional”, relata Bianca Gavilanes, Coordinadora de Fundación Dignidad, que asegura que más de una vez las personas privadas de la libertad auspiciadas por esta organización no pudieron salir pues todavía estaba activa la orden de captura por la que fue a dar a la cárcel.
“Hay una sobre burocratización que llega a matar a las personas, como en la última masacre”, señala Gavilanes, en relación a las 62 personas asesinadas el sábado 13 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral.
En las cárceles, la liberación se da en dos horarios al día, de 08:00 a 09:00 y de 16:00 a 17:00. No se liberan personas el fin de semana, por lo que, si una persona recibe su boleta de libertad un viernes y no puede salir, logrará abandonar el recinto carcelario recién el lunes siguiente.
La situación se puede complicar, dependiendo del lugar.
“Es un tema recurrente, mientras más pobre y más joven, es peor”, sostiene Lisset Coba, antropóloga, con 20 años de trabajo en las prisiones del Ecuador.
La mayoría de detenidos son de escasos recursos que no tienen para pagar un abogado que los patrocine y que esté permanentemente insistiendo al juez por la boleta de libertad o presionando en los filtros de salida para agilizar el proceso de liberación.
Es por esta razón que varias organizaciones que han realizado labor humanitaria en las cárceles, no creen que el plan del presidente Guillermo Lasso de otorgar indultos para bajar el hacinamiento en las cárceles, de los resultados que el Gobierno espera.
“El indulto como proceso se demora. Meses, muchas veces”, puntualizó Gavilanes.
