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Tres presidentes han concedido indultos

Los militares colaboran con el control de las cárceles, que registran una sobrepoblación del 30%. Foto: EL COMERCIO

El otorgamiento de indultos presidenciales es una práctica a la que apelaron los tres últimos gobiernos, en diferentes circunstancias.

En el 2014, el expresidente Rafael Correa promulgó el reglamento para conceder este beneficio, que, según el artículo 74 del COIP, consiste en otorgar el indulto, conmutación o rebaja de penas, condicionada al cumplimiento de ciertos parámetros.  

Desde entonces hasta la fecha, la plataforma de Decretos Ejecutivos refleja que los tres últimos mandatarios otorgaron 130 indultos de manera directa a los peticionarios, pero también se dispusieron otras órdenes generales, orientadas a que personas enfermas se beneficien de esta decisión.

Los últimos casos de este tipo se dieron el lunes pasado, cuando el presidente Guillermo Lasso concedió el indulto a los sentenciados por conducir sin licencia o con llantas en mal estado, así como a presos con enfermedades catastróficas, terminales, tuberculosis (TB) o que padezcan coinfección de TB y VIH. 

Se excluye a personas sentenciadas por delitos imprescriptibles, contra la inviolabilidad de la vida, integridad sexual, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Según el Ejecutivo, con esta medida se busca reducir la sobrepoblación carcelaria, que oscila en el 30%. Pero aún está pendiente que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) presente el listado de presos que se podrían acoger al indulto, previa evaluación del Ministerio de Salud Pública (MSP).  

Para Roberth López, de la Fundación Dignidad, el anuncio es una “tomadura de pelo”, pues según datos que manejan organizaciones sociales, los posibles beneficiarios no llegarían al 1% de la población carcelaria, que actualmente bordea las 40 000 personas.   

Agrega que las solicitudes de indultos presentan varias dificultades burocráticas y que su trámite es lento. Solo en los dos últimos años se han presentado más de 2 000 pedidos. 

Cree que estas decisiones tratan de proyectar que el Gobierno “está haciendo algo”, pero dice que se requiere una intervención integral entre varias instituciones del Estado. 

Dos semanas antes de disponer estas medidas, Lasso firmó sus tres primeros indultos, al perdonar las penas de los dirigentes indígenas Antonio Vargas, Carlos Chacha y Gonzalo Villamil, en la víspera del segundo diálogo con la Conaie. 

López señala que en junio del 2020 el expresidente Lenín Moreno concedió indultos a personas privadas de la libertad (PPL) de grupos de atención prioritaria, con doble vulnerabilidad, excepto en casos de delitos sexuales y graves.

Eso ocurrió, durante la pandemia del covid-19. En esa oportunidad se beneficiaron 66 personas. Por fuera de ese caso, Moreno indultó a 76 privados de libertad, a través de Decretos Ejecutivos. 

El expresidente Correa también indultó, con la rebaja de un año de pena, a mulas del narcotráfico con enfermedades catastróficas. Durante sus administraciones, se firmaron 51 indultos, en su mayoría, entre el 2015 y el 2017. 

Uno de los indultados por el expresidente Correa fue Fidel Araujo, procesado por el caso 30-S. Araujo actualmente colabora en el SNAI, liderado por Fausto Cobo.  

En el informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que analizó el sistema carcelario entre el 2016 y 2021, no se incluyeron datos de beneficiarios de indultos. Entidades como la Defensoría Pública no entregaron el detalle solicitado. 

Lo que sí se señala es una recomendación para que se presente en 30 días un informe de factibilidad de concesión de indultos humanitarios por parte de la Asamblea. 

18 pedidos de amnistías.

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional tiene pendiente tramitar solicitudes de amnistía, que fueron calificadas previamente por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En su mayoría, corresponden a procesos relacionados a la revuelta de octubre del 2019. 

En esa mesa legislativa reposan 18 pedidos de amnistía y un indulto. Entre esos procesos están los casos de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, o del parlamentario andino, Virgilio Hernández, quienes fueron llamados a juicio por supuesta rebelión. 

Fernando Cabascango, presidente de la Comisión, mencionó la semana anterior que no han abocado conocimiento de estos casos, pues en el último mes esa mesa se enfocó en la elaboración del informe del caso Pandora Papers. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) también entregó una lista con pedidos de amnistías para 260 personas procesadas por octubre del 2019. Entre ellos, Jaime Vargas y Leonidas Iza. Sin embargo, esos pedidos aún no han sido calificados por el CAL.

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