El magistrado Wilson Lozada, del Juzgado 14 de Garantías de Pichincha, dio a conocer la tarde de ayer que la causa por injuria contra la activista Mónica Chuji se archiva por pedido del querellante Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública.
“El Dr. Vinicio Alvarado Espine1 comparece mediante escrito de 25 de Noviembre del 2011 a las I OH 18, en la que en lo medular refiere: “…Que es mi voluntad REMITIR a la querellada Mónica Chuji Gualinga. En tal virtud, sírvase declarar la conclusión de la presente acción penal privada”, dice la resolución.
Frente a este comunicado, Chuji adelantó que su defensa presentará un nuevo recurso. Este podría ser el “recurso de hecho”.
Además, no descartó que estén pensando en la posibilidad de llevar su caso a instancias internacionales pues, según la ex funcionaria del gobierno de Rafael Correa, esta nueva resolución es un precedente “tenaz” para las libertades en el país.
Para la activista, con este último fallo la justicia ecuatoriana ha “cerrado toda posibilidad de defenderse tras una sentencia injusta”.
Alexandra Anchundia, abogada de la fundación Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y parte del equipo legal de Chuji, explicó que Lozada debía aceptar el archivo del caso solo si Chuji hubiese aceptado el perdón concedido por Vinicio Alvarado. Hecho que no sucedió porque la activista indígena presentó el recurso de apelación y nulidad del proceso.
Rodrigo Trujillo, otro abogado de Chuji, aseguró que para determinar la acción precisa tras el archivo se reunirá toda la defensa el próximo lunes, que sería el último día de plazo para la presentación de un recurso ante el juez Lozada.
La demanda fue planteada porque Chuji lo llamó “nuevo rico”, en una entrevista concedida a este Diario. A criterio de Vinicio Alvarado, actual secretario de Estado, esta afirmación insinuaba que se había enriquecido ilícitamente.
Tras el dictamen, Alvarado perdonó públicamente a Chuji y pidió el archivo del caso. No obstante, Chuji decidió continuar con el litigio.
La ex funcionaria fue condenada en primera instancia, a un año de cárcel y al pago de USD 100 000 por injuria calumniosa.