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La Asamblea debatió resolución de condena contra Ejecutivo y Corte Constitucional por acuerdo CIADI

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, suspendió la sesión 714 y dejó pendiente la votación por parte de los asambleístas. Foto: Twitter de @AsambleaEcuador.

Un proyecto de resolución para condenar la suscripción del Convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por parte del Gobierno y el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) generó debate en el Pleno la noche del jueves 15 de julio de 2021.

La propuesta fue presentada por el asambleísta del correísmo, Ricardo Ulcuango, quien sostuvo que se trata de un “nefasto instrumento garante del saqueo transnacional”, que debía ser tramitado por el Parlamento.

A esa postura se plegaron asambleístas de Pachakutik como Salvador Quishpe y Mireya Pazmiño, quien preside la Comisión de Régimen Económico

Quishpe fustigó a la Corte por haber dictaminado que el acuerdo con el CIADI no requería de aprobación en la Asamblea y consideró que esto fue parte de una “estrategia política” del Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

A los jueces constitucionales, Quishpe les advirtió con impulsar una consulta popular si “abusan” de sus atribuciones, para suprimir el articulado que los blinda del enjuiciamiento político.

El coordinador de Creo, Juan Fernando Flores, le increpó a Quishpe por “negociar” votos con el bloque correísta y apeló a la “coherencia política” en el Pleno.

“Muchos legisladores tienen temor de votar por lo que creen que hay que votar porque en redes sociales los atacan. Les recuerdo que esa misma estructura que hoy usan para atacarlos fue la misma estructura que usaron para perseguirlos cuando ellos gobernaron”, expresó. 

Pazmiño y el correísta Ferninand Álvarez señalaron que el convenio con el CIADI, que es una institución del Banco Mundial, es parte de “una agenda de privatización” del Ejecutivo.

Diego Ordóñez, de Creo, apuntó que Ecuador no cede soberanía con este acuerdo y responsabilizó al expresidente Rafael Correa de haber violentado contratos que provocaron indemnizaciones cuantiosas a empresas. 

“No es el CIADI el culpable de los tremendos daños económicos ocasionados por los arbitrajes que han sido desfavorables al Ecuador, sino es responsabilidad de aquellos que en forma tramposa no respetan los contratos”, señaló. 

El asambleísta independiente César Rohón enfatizó que el Parlamento no puede ir en contra de las resoluciones de la Corte Constitucional, que son de última instancia. “No podemos torcer la ley, romper el orden instituido”, enfatizó.

WIlma Andrade y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática, también llamaron al Pleno a respetar el orden instituido y adelantaron que su bancada no apoyará este proyecto de resolución.

El debate se extendió más de tres horas y cuando ya habían intervenido 17 legisladores -ninguno del PSC– la segunda vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez (ID), suspendió la sesión y dejó pendiente la votación

Texto de la resolución:

Artículo 1.- Desaprobar la suscripción del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1965 (CIADI) por parte de la embajadora del Ecuador en Estados Unidos de América, señora Ivonne Leila Juez de A. Baki, el día 21 de junio de 2021, en representación del Presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, por ser contrario al mandato consagrado en el artículo 422 de la Constitución de la República.

Artículo 2.- Rechazar el dictamen 5-21-TI/21 de 30 de junio de 2021, emitido por la Corte Constitucional, por el cual establece que el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) no requiere de aprobación legislativa, previo a su ratificación, por ser contrario a lo dispuesto en el artículo 419 numeral 7 y artículo 422 de la Constitución de la República.

Artículo 3.- Expresar la firme decisión de la Asamblea Nacional de precautelar el mandato previsto en el artículo 422 de la Constitución de la República que prescribe que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas y el artículo 419 por el cual tiene la potestad de aprobar previamente los Tratados Internacionales para su ratificación posterior por parte del Presidente de la República;

Artículo 4.- Disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, según las atribuciones y responsabilidades establecidas en los literales d) y j) del Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional, la presentación de una demanda de inconstitucionalidad al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, con base a lo dispuesto en los artículos 110 y 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por violar el artículo 422 de la Constitución de la República y demás normas constitucionales conexas. Una vez presentada se informará a este Pleno, así como se informará periódicamente acerca del avance del proceso constitucional.

Artículo 5.- Encargar el seguimiento de la presente Resolución a la Coordinación General Jurídica de la Asamblea Nacional, para que de manera periódica y en el marco de los tiempos previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, informe a este pleno el avance de dicho proceso constitucional.

Artículo 6.- Notificar la presente Resolución al Presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Embajador Mauricio Montalvo, al Procurador General del Estado, doctor Iñigo Salvador y al Presidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado y difundir la Resolución a través de todos los canales de comunicación de la Asamblea Nacional.

Artículo 7.- Rechazamos la decisión definitiva del caso “Perenco vs Ecuador” realizado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) con fecha de notificación en la tarde del 28 de mayo del 2021, por ser vulneratorio de derechos”.

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