Desde que llegó al poder en el año 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, desplegó una visión nacionalista, no solamente desde el discurso y su retórica socialista sino a través de una serie de nacionalizaciones, fiel a sus proclamas de campaña.
Siete años después, cuando esta etapa parecía haber quedado atrás, el Presidente emprende una nueva arremetida, esta vez contra el paquete accionario de la empresa española Red Eléctrica Internacional (REI) en la firma local Transportadora de Electricidad (TDE).
Esto sucede a los pocos días de haberse ratificado en la Argentina, vecina de Bolivia, la expropiación del paquete accionario de la empresa española Repsol en YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), un complejo hidrocarburífero fundado por el Estado y que luego privatizó con entusiasmo el peronismo del presidente Menem.
Lo curioso de esa operación es que el mismo Carlos Saúl Menem, ahora en el Senado, y aun los partidos de la oposición a Cristina Fernández, aplaudieron y auparon la medida que, por lo visto, es muy popular.
Muchos políticos aquí y allá podrán perder su palabra, la dignidad acaso, pero los votos, jamás.
El gran problema de la expropiación, que causó revuelo internacional y amenazas españolas de millonarias demandas, es que mina la seguridad jurídica de países con gobiernos populistas y discurso de izquierda. Operaciones como las de Bolivia y Argentina, más allá de las razones técnicas y los discursos de soberanía, ahuyentan las inversiones indispensables para apuntalar el desarrollo local y la capacidad de generar empleo. Las expropiaciones en Argentina y Bolivia no son un buen augurio para las empresas serias que estén pensando en invertir en la región.