Finalmente, llegó el día en el que se desclasificaron tres actas de las reuniones del Cosepe en las que se trataron los temas referentes al secuestro y posterior ejecución del equipo periodístico de EL COMERCIO, conformado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. El secuestro ocurrió el 26 de marzo de 2018, en la frontera norte y fue perpetrado por el grupo paramilitar Olivier Sinisterra, una facción rebelde de las FARC. El 21 de junio se encontró una fosa común con los restos de los miembros del equipo periodístico.
No desmayaron y lograron una sentencia de la Corte Constitucional que determinó que cuando hay temas de derechos humanos, los documentos de las sesiones del Cosepe no pueden seguir en estatus de secreto de Estado. Es decir, se ha creado jurisprudencia. No solo es un hito para este caso en particular, sino que será para otros similares.
Han pasado seis años en los que dos gobiernos les negaron a los familiares la información de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe), el máximo organismo de seguridad interinstitucional del Estado. Las reuniones son grabadas y las transcripciones se redactan en las actas. En el caso del asesinato del equipo de este Medio, las actas fueron declaradas como reservadas. Por lo tanto, los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso argumentaban que no podían ser desclasificadas.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, en una entrevista a este medio de comunicación, dijo que la lucha de los familiares, así como del conglomerado de amigos y defensores de los derechos humanos, denominado #NosFaltan3, ha desmontado la estrategia de dos gobiernos que etiquetaron a los documentos como reservados.
Con tesón, no desmayaron y lograron una sentencia de la Corte Constitucional que determinó que cuando hay temas de vulneración derechos humanos, los documentos de las sesiones del Cosepe no pueden seguir en estatus de secreto de Estado. Es decir, se ha creado jurisprudencia. No solo es un hito para este caso en particular, sino que será para otros similares de aquí en adelante.
Ahora quedan varias acciones. La primera es que los familiares de los periodistas asesinados deben decirle a la Corte si están satisfechos con la información entregada; si consideran que es la que solicitaron y si creen que está íntegra y no ha sido mutilada o alterada. Luego, a decir de Ricardo Rivas, exigirán a la Fiscalía que cierre la etapa de indagación previa del delito, que sin la documentación del Cosepe no podía concluir para llamar a juicio a los culpables.
Hay más acciones judiciales que los familiares consideran, como revelara Ricardo Rivas a este Medio, tal como exigir cuentas a quienes declararon reservadas las actas del Cosepe, así como abrir querellas internacionales. Es su potestad.
Falta mucho en el sendero de la verdad en el caso de la ejecución de Paul, Javier y Efraín. Pero la lucha de sus familiares y amigos es un ejemplo de que la unión por un objetivo altruista es la base contra la impunidad.