La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su punto de vista acerca del difícil momento que pasa la justicia en Ecuador. Es motivo de preocupación para este organismo el hecho de que la Fiscalía haya encontrado motivos suficientes para efectuar allanamientos, incautaciones y pedir prisión preventiva para jueces que son investigados por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y haber fraguado una red de corrupción que no garantizaba la justicia en el país.
Se trata de una oportunidad para que estos tristes episodios de noticias de corrupción, en las que los protagonistas son jueces. Ecuador debe tomar en cuenta las recomendaciones de la CIDH y reforzar la transparencia de estos concursos.
La CIDH detalla que la Fiscalía encontró actitudes sospechosas de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a operadores de justicia que cambiaban decisiones judiciales; modificaban la composición de tribunales; retardaban procesos injustificadamente; y entregaban beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. En estos casos están involucrados 19 jueces.
El organismo conminó a Ecuador a adoptar estrategias efectivas para prevenir presiones internas, externas y hostigamientos contra las personas operadoras de justicia. Pide que se instituyan unidades especializadas capaces de tener capacidad de respuesta real frente a denuncias de corrupción, y que además tengan un financiamiento estatal apropiado, que incluya la remuneración justa y recursos técnicos adecuados para los operadores, así como su capacitación permanente y se busque la seguridad para los investigadores.
Al respecto, Ecuador se encuentra en una etapa de renovación de sus jueces. En enero pasado se eligieron siete jueces anticorrupción, con los que se espera desarticular a las mafias de corrupción estatal y privada. De la misma forma, hay 10 vacantes para jueces de la Corte Nacional de Justicia y también se realiza un concurso para cubrir 586 plazas de jueces locales. En todos estos procesos se invierten 3,5 millones de dólares.
Finalmente, por mandato de la Consulta popular se tienen que abrir 91 posiciones nuevas para jueces constitucionales, para ellos se invertirán 15 millones de dólares, ya que se debe crear incluso infraestructura para que trabajen.
Sin lugar a dudas, se trata de una oportunidad para que estos tristes episodios de noticias de corrupción, en las que los protagonistas son jueces. Ecuador debe tomar en cuenta las recomendaciones de la CIDH y reforzar la transparencia de estos concursos para que no vuelvan a ocurrir historias de jueces coludidos con el hampa y su corrupción.