Extractivismo. Una palabra con contenidos suficientes como para desatar un agrio y polémico debate con aristas que van desde lo económico y social hasta lo ambiental y polÃtico.
El Gobierno empuja la aprobación urgente de una reforma en el campo minero, que trata de renovar una ley relativamente nueva, que data del 2009, y que busca facilitar la explotación e inversión de empresas extranjeras. Los ambientalistas radicales no aprueban este proceso. Los sectores sociales e indÃgenas expresan sus crÃticas. El Ecuador tiene un gran potencial minero, y esa actividad es fundamental para obtener dinero.
La Iniciativa YasunÃ-ITT se va convirtiendo en un intento fallido. La comunidad internacional, que se entusiasmó con el discurso conservacionista, no ha aportado suficientes recursos. Pronto el Gobierno decidirá si amplÃa el plazo u opta por el plan B: explotar el petróleo en ese patrimonio natural.
El Ecuador depende de los hidrocarburos y de los vaivenes del Âmercado internacional.
Lo ideal es el desarrollo económico con respeto a las comunidades de las áreas de explotación y rigor para evitar la contaminación y depredación de las áreas naturales.
Todo esto desata un intenso debate polÃtico. El Gobierno en busca de recursos, la izquierda del propio gobierno en duda entre los principios y el pragmatismo, y los opositores radicales, en contra. Tiempos de dilema y tensión.