Tanto Delfina, de 17 años, como Josefa, de 21, ambas afroecuatorianas, sufrieron abortos espontáneos y debieron acudir al servicio de emergencias para recibir atención médica. Las dos fueron denunciadas a la Policía por el personal médico y acusadas del delito de aborto consentido. Delfina fue sentenciada a tres meses de arresto domiciliario, pero pasó 18 meses en esa situación mientras se desarrollaba su juicio. Josefa recibió una pena de siete meses de prisión y cumplió la totalidad de la condena.
Las historias de las dos mujeres se detallan en el informe sobre criminalización del aborto en Ecuador, presentado por Human Rights Watch, denominado “¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir?”. Este evidencia el costo humano de las leyes y políticas de Ecuador que tipifican el aborto. Se hizo público este miércoles 14 de julio del 2021, en una rueda de prensa, con el impulso de Surkuna.
Las restricciones al aborto impuestas en Ecuador afectan de manera desproporcionada a algunas de las personas más marginadas del país, dice el informe de Human Rights. “Las tasas más altas per cápita de aborto se dan en las provincias orientales de Pastaza y Morona Santiago, seguidas de las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, El Oro y Zamora Chinchipe. Muchas de estas provincias tienen un alto nivel de población indígena o afrodescendiente”.
De acuerdo con el informe, la criminalización del aborto obliga a las personas gestantes, sobre todo a aquellas en situación de pobreza, a recurrir a métodos ilegales e inseguros, lo cual las expone al riesgo de muerte o consecuencias a largo plazo para la salud, así como a la posible persecución penal y encarcelamiento.
En el informe también se lee que la pandemia del covid-19 y el confinamiento generaron nuevos obstáculos a la posibilidad de que las mujeres y niñas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. “Las organizaciones locales explicaron a Human Rights Watch que las restricciones a los viajes y el transporte impidieron que muchas mujeres y niñas accedieran de manera oportuna a los servicios de atención de la salud, aborto y atención post-aborto”.
Se refirieron a sobrevivientes de violencia de género, incluida la violencia sexual, que tuvieron dificultades para hacerse atender por lesiones y para que tomaran muestras con fines de evidencia, así como nuevos obstáculos en la posibilidad de obtener servicios de aborto legal e insumos en anticonceptivos, incluida la pastilla del día después, incluso para víctimas de violencia sexual.
La organización consultó 148 casos del período comprendido entre el 2009 y el 2019, en los cuales 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y ocho proveedores de la salud fueron procesados penalmente por aborto, incluidos 38 que cumplieron pena de prisión tras la condena o estuvieron privados de la libertad durante el juicio o antes de este.
De estas personas, 33 eran mujeres y niñas, una era un proveedor de la salud y tres eran acompañantes masculinos. A todas se las acusó o condenó por cargos relacionados con aborto. Otros tres casos implicaban a mujeres y a una niña acusadas de homicidio tras una emergencia obstétrica. Las personas condenadas cumplieron, en promedio, cuatro meses de cárcel o completaron una suspensión condicional de la pena, que a menudo incluye el requisito de realizar tareas comunitarias o asistir a terapia psicológica.
Human Rights Watch sostiene que la cantidad promedio de procesamientos anuales aumentó con la entrada en vigencia de la reforma del Código Penal en 2014. “Dicho código impuso a los profesionales la obligación de denunciar los delitos cuando no estén amparados por el secreto profesional”.
De ahí se concluye que las personas gestantes enfrentan enormes obstáculos para acceder a la atención en relación con un aborto, aun cuando les corresponde o debería corresponderles el acceso al aborto de acuerdo con el marco jurídico vigente. “Los funcionarios públicos y los prestadores de servicios de salud, quizás por temor a ser objeto de causas penales fundamentadas en leyes que penalizan el aborto, a menudo interpretan las excepciones a la prohibición del aborto en Ecuador de la manera más restrictiva posible”.
El informe también menciona que la criminalización del aborto también ha instalado el temor a la posibilidad de persecución penal y ha contribuido a estigmatizar el aborto, lo cual afecta tanto a los profesionales de la salud como a las personas embarazadas. “El impacto ha sido mayor para las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza y para los grupos étnicos marginados, dado que profundiza aún más la desigualdad”.
La penalización del aborto no afecta a todas las mujeres y niñas por igual. En los casos que analizó Human Rights Watch, muchas de las acusadas pertenecían a regiones marginadas económicamente o donde hay una proporción mayor de poblaciones indígenas o de afrodescendientes. “Con frecuencia, estas personas se vieron obligadas a elegir entre enfrentarse a penas privativas de libertad, enfermedades y la muerte, o a una maternidad o embarazo forzado”.
De los 148 casos analizados por Human Rights Watch, 140 contenían información sobre ubicación. De ellos, 16 casos se originaron en la provincia de Morona Santiago, en la selva tropical de la zona centro oriental de Ecuador, donde el 48,4% por ciento de la población se autoidentifica como indígena.