USD 28 millones necesita el MIES para pagar deudas con cooperantes, educadoras y otros funcionarios
La ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, dijo que se encuentran en el análisis técnico de los presupuestos necesarios. Foto: archivo / EL COMERCIO
La ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, dijo que necesitan de manera urgente USD 28 millones para pagar a cooperantes, educadoras y funcionarios que no han parado sus tareas para que la red de protección del MIES sea efectiva. Las declaraciones las dio este 27 de mayo del 2021, en una entrevista con Radio Sucesos.
En ese espacio aseguró que se encuentran en la búsqueda de recursos para cubrir pendientes como la alimentación a adultos mayores. “No puede ser que en un centro de cuidado tengan que hacer una rifa para darles de comer, no puede ocurrir, esas cosas para nosotros son prioridad, primero hay que arreglar la casa, sino con qué autoridad moral se habla de darle de comer a la gente si no has dado de comer a los tuyos”, dijo la ministra.
La meta para el primer año de Gobierno, aseguró, es darle alimento a 2,3 millones de ecuatorianos en inseguridad alimentaria. “Según la última encuesta y evaluación social y económica que ha hecho el Banco Mundial y los multilaterales sobre los efectos de la pandemia, uno de cada seis encuestados dijo que en 24 horas no había probado alimentos”.
Al momento, señaló Montaño, se encuentran en el análisis técnico de los presupuestos necesarios para esto y para el bono Prospera. “Si queremos dar de comer a 300 000 familias y al mismo tiempo queremos dar 400 000 nuevos bonos para los nuevos pobres que nos ha dejado la pandemia, hay que articular todo”.
Aunque aún no está definido, la Ministra señaló que se podría necesitar un cruce para que parte del bono Prospera pueda ser utilizado en alimentos de calidad.
Además apuntó que hay otro tema que debe tratar con el Ministerio de Finanzas: la cobertura de los bonos actuales a 1,4 millones de beneficiarios. Asegura que para esto solo hay presupuesto hasta octubre de este año. “Noviembre y diciembre no está cubierto presupuestariamente así que el ministro de Finanzas tiene un reto enorme para estar a la altura de las disposiciones del Presidente”.
En la entrevista radial, la ministra de Inclusión Económica y Social también reconoció que la situación del MIES es complicada. “Es súper compleja, sí, pero ya es nuestro reto. Por eso me estoy preocupando de tener un equipo que venga a trabajar junto a quienes ya trabajan aquí”.
No solo se necesitará apoyo del Presidente, dijo la ministra, sino también otros ministerios como el de Finanzas o el de Salud para la vacunación a la población vulnerable, que atiende la Cartera.
Actualmente, señaló Montaño, la red de protección del MIES supera el 1 800 000 ecuatorianos, incluidos los que reciben bonos de distintas categorías y los que están bajo la red de protección directa en los centros de desarrollo infantil, de adultos mayores, mujeres víctimas de violencia y niños en desamparo.
“Pero la pandemia ha profundizado la situación de pobreza y desamparo de los ecuatorianos. Esta evaluación del Banco Mundial y otros multilaterales nos habla de que 1,4 millones de nuevos pobres tiene el Ecuador en un año. Eso implica que gente de la clase media fue empujada hacia la pobreza y los pobres a la extrema pobreza”, dijo la ministra.
Además, “en este momento 5,7 millones de ecuatorianos están en la pobreza y 2,6 millones en la extrema pobreza. Eso deja entender que la red de protección se ha quedado más que insuficiente y por eso el Banco Mundial ha determinado que en el Ecuador por lo menos dos millones y medio deberían recibir una transferencia monetaria en estas circunstancias y no tenemos dinero para eso, no vamos a poder en este año pero habría que ver progresivamente cómo dar cobertura a estos ecuatorianos, porque algunos no solamente son pobres sino que tienen otras condiciones de vulnerabilidad”.
Por eso, subrayó la Ministra, en una primera fase el nuevo Gobierno atenderá a 400 000 beneficiarios con el bono Prospera, que se destinará a personas en extrema pobreza; mujeres jefas de hogar; hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores.