Las cuentas claras y el chocolate espeso, decían los antiguos. Esa sentencia, al menos en el sector inmobiliario, se ha cumplido de una manera normal, hasta ahora.
Y aunque siempre hubo una que otra promotora de vivienda que tomaba el camino torcido y realizaba sus cuentas chuecas; eso era la gran excepción, no la regla.
Hoy ya no es así. Y las denuncias contra inmobiliarias y promotoras que no actúan como dice la Ley son cada vez más constantes.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos dos constructoras se encuentran inmersas en esa situación. La una ha recibido 46 denuncias de personas que se sienten estafadas; la segunda, 29.
Estas anomalías aumentan de gravedad si se anota que las dos empresas de construcción han estado presentes en las últimas ferias inmobiliarias que se han realizado en Quito, en las que han ocupado amplios estands para comercializar sus productos.
De seguro, algunos de los negocios que hoy reclaman los hipotéticos perjudicados se realizaron allí.
Las preguntas caen de maduras: ¿seleccionan los organizadores de las ferias la idoneidad de quienes compran los puestos? ¿De qué mecanismos se valen para realizar la selección? O es solo el dinero el que cuenta.