Es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero sin duda es necesario que las autoridades municipales evalúen la medida y establezcan, a partir de datos concretos, su finalidad y su utilidad.
Es que muchas veces las disposiciones y las prácticas administrativas llegan para quedarse, incluso cuando se convierten en innecesarias o, lo que es peor, contraproducentes. Simplemente, se sigue haciendo lo que siempre se ha hecho, como nos enseña la respuesta mil veces repetida en cualquier ventanilla burocrática, pública o privada: “porque siempre ha sido así”.
A más de una década de la puesta en marcha de la restricción, y a las puertas (esperamos), de la entrada en operación del Metro de Quito, es hora de que la Municipalidad, mientras saca la cabeza de la crisis en la que le sumieron anteriores administraciones, haga las revisiones del caso. Lo menos que exigimos los ciudadanos es que se transparente esta política y, si se considera necesario mantenerla, se nos explique, más allá del discurso y la retórica, con números fríos y metas definidas de política pública, de qué manera contribuye a estas últimas.
Y eso, claro, debe partir de preguntarse hasta qué punto las metas iniciales, esas que se fijaron allá por 2010, se lograron y siguen siendo deseables; porque la molesta sensación que queda es la de una restricción que, si fue útil en algún momento, se mantiene solo por costumbre.
Este es, sin duda, un tema que merece ser debatido, porque si la movilidad de muchos se ve limitada, al menos es necesario que se sepa por qué: ¿el ambiente? ¿La operación del metro y el fomento del transporte público? ¿Una larga serie de posibles etcéteras?
Sea cual sea la finalidad, hay que expresarla y medir si efectivamente se está llegando a ella. Cuando una política pública se mantiene solo para decir que algo se hace, queda en claro que lo que no existe es la decisión de enfrentar seriamente el problema.