Es un significativo avance para la defensa de los derechos de la naturaleza. El río Machángara, principal afluente de Quito, ha sido reconocido como sujeto de derechos y se ha ordenado su restauración. Este fallo judicial, emitido por la jueza a cargo de la demanda de acción de protección presentada por el pueblo Kitu Kara, marca un hito en la lucha por la preservación ambiental en Ecuador.
El fallo determina la responsabilidad del Municipio de Quito en las vulneraciones de los derechos del río Machángara. También exige la implementación de un plan integral de descontaminación. Este plan deberá tomar como referencia los lineamientos establecidos en la sentencia del río Monjas, en el norte de Quito. La jueza ordenó medidas concretas e inmediatas para revertir la grave contaminación que afecta al río. Estas incluyen la implementación de un sistema integral de tratamiento de aguas residuales, la restauración de las riberas y la revegetación de las áreas degradadas.
“El reconocimiento de los derechos del río Machángara representa una oportunidad única para restaurar este importante ecosistema y garantizar su salud para las generaciones futuras. Los beneficios de un río saludable y una ciudad más sostenible justifican plenamente este esfuerzo”.
El reconocimiento del río Machángara como un ente con derechos propios va más allá de considerarlo un simple recurso natural. Este avance significa que el río ahora cuenta con protección legal, y las autoridades tienen la obligación de garantizar su salud y bienestar. Esta decisión judicial sienta un precedente importante y puede ser un modelo a seguir para otros ecosistemas en Ecuador.
No obstante, el camino hacia la recuperación del río Machángara será largo y lleno de desafíos. Los datos actuales presentados por los demandantes son contundentes. Solo el 1% de las aguas residuales de Quito reciben tratamiento antes de ser vertidas en el río. El 99% restante se descarga directamente en sus cauces. La calidad del agua presenta un preocupante 2% de oxígeno disuelto en algunos tramos, muy por debajo del mínimo necesario para la vida animal y vegetal. Además, se ha detectado una alta presencia de aceites, grasas y al menos 29 familias virales en sus aguas.
La apelación presentada por el Municipio de Quito contra esta decisión judicial indica que el litigio continuará en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Por otra parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha anunciado un cambio en los planes de descontaminación. El proyecto Vindobona, uno de los proyectos más esperados desde hace 15 años, inicialmente destinado a descontaminar los ríos de la ciudad, ha sido cancelado. El Municipio alega su alto costo de USD 1.000 millones. En su lugar, el Municipio construirá tres plantas de tratamiento de aguas residuales con un costo estimado de USD 447 millones.
Estas plantas permitirán tratar el 100% de las aguas residuales de las 32 parroquias urbanas de Quito, y se espera que los estudios de factibilidad comiencen en 2024, con la construcción proyectada para 2025. De todas formas, esta es una responsabilidad que cada administración municipal ha ido postergando siempre con el argumento de bajos presupuestos.
La responsabilidad de Quito no se limita a sus propios habitantes. Las provincias de Pichincha y Esmeraldas, que se ven afectadas por la contaminación de los ríos de la cuenca del Guayllabamba, también dependen de las medidas de descontaminación. Estos ríos irrigan gran parte de la costa norte y desembocan en el océano Pacífico. Así, la recuperación del río Machángara tiene implicaciones más amplias para la salud ambiental y el bienestar de muchas comunidades.
El reconocimiento de los derechos del río Machángara representa una oportunidad única para restaurar este importante ecosistema y garantizar su salud para las generaciones futuras. Los beneficios de un río saludable y una ciudad más sostenible justifican plenamente este esfuerzo.