El precio del arroz se duplicó en tan solo 15 días en Ecuador. A finales de mayo de 2023, alcanzó los 35 dólares por quintal, pero a mediados de junio bordeó los 70 dólares.
La máscara que usan especuladores y acaparadores es la de que las fuertes lluvias que dejó el invierno 2022 y 2023 y la de la casi segura presencia de el Fenómeno de El Niño, que vendría con una fuerza inusual a la región.
La versión era soportada por un informe del Ministerio de Agricultura (MAG), en el que se señalaba que las precipitaciones afectaron unas 18 000 hectáreas del cultivo.
En el mismo documento, se anunciaba, de manera contradictoria, que a pesar de los daños, la cosecha fue de 90 000 quintales, lo que garantiza cubrir la demanda del mercado local.
La población, ajena de explicaciones técnicas y meteorológicas, veía subir el precio de la gramínea en tiendas y mercados. Las personas que compran a diario la comida notaban que el dinero ya no les alcanzaba, porque junto al arroz subieron la cebolla, el tomate, entre otros productos de primera necesidad.
Pero el alza en el precio del arroz es el que más se siente en el bolsillo y el estómago de los ecuatorianos. En nuestro país la mayoría de la población considera que no almorzó o cenó si no comió arroz.
Fueron esos preocupados ciudadanos los que clamaron por un control estatal, utilizaron redes sociales y la añeja costumbre de llamar a los programas radiales.
Las autoridades salieron a decir que defenderán el bolsillo de los ecuatorianos y acudieron a controlar a los comerciantes. Declararon que no les ‘temblará la mano’ para sancionar a los responsables.
Los comerciantes les demostraron, con recibos, que el alza en el precio del arroz se debía a que en las piladoras habían fijado nuevos valores al producto.
El gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, dijo a los periodistas que supervisar a las piladoras era responsabilidad del MAG, pero que él no tenía problema en ir a las procesadoras.
En el lugar, las autoridades se encontraron con una nueva versión, que el alza del precio se debe a que los productores les dejan el producto a un costo mayor.
Para cerrar este círculo, las autoridades interrogaron a los productores, que señalaron que el alza se debe a una mayor demanda por parte de los consumidores.
Con esta versión, llegaron al mismo punto del que salieron, sin sancionar a nadie, y lo que es peor, dejando en evidencia que el Estado es débil para controlar.
Una vez más se demostró la débil institucionalidad del país. Recuperarla debe ser una de las preocupaciones de los candidatos para las elecciones anticipadas. El país se lo merece, es urgente.
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