El Ecuador asiste perplejo a una abierta tensión entre el Consejo Nacional de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional de Justicia(CNJ).
Esta pugna tiene un precedente turbio en el concepto que aplicó e impuso el anterior Gobierno, cuando propuso ‘meterle las manos a la justicia’. E, interpretando un voto producto de la propaganda engañosa, consolidó un modelo concentrado y vertical donde el Ejecutivo hacía y deshacía en los otros poderes.
Los resultados de esa concupiscencia y falta de independencia y casi sumisión los estamos viendo todavía hoy en distintos juzgados y fallos cuestionados. La justicia ha sido ejercida por jueces producto del anterior estado de cosas.
Por eso, el mandato de la Consulta Popular es ineludible y se impone. Hay que revisar la actuación de los operadores de justicia con una medición técnica, independiente y que calibre los aspectos cualitativos y cuantitativos del trabajo.
Es verdad que el fantasma del error inexcusable, empleado para intimidar a los jueces cuando dictaban ciertas sentencias que no eran bien vistas por el poder imperante, sigue en la sombra como un estigma.
El Consejo de la Judicatura transitorio no asumió su deber y no caminó en esa evaluación. Uno de los retos de este Consejo definitivo será cumplirlo con rigor, con conceptos técnicos y transparencia absoluta.
Un primer escollo es una declaración de los jueces y conjueces de la Corte Nacional que, en la voz de su Presidenta, expresa que la evaluación, tal como está planteada, viola normas constitucionales y del Código de la Función Judicial.
Esa evaluación debe ser justa y transparente, incluyendo una revisión de los patrimonios de los jueces. No se debiera temer. Y tampoco debiera haber razones para pensar que los jueces y los más altos dignatarios de la Corte Nacional se niegan a acatar la voz del pueblo en las urnas
Esa tensión no le hace bien al Estado de derecho que se quiere recomponer en la transición. La Corte y el Consejo de la Judicatura deben tener claro el mandato popular.