La pérdida de teléfonos celulares por robo está cada vez más extendida. En nuestro país se reportan 1 600 casos diarios de hurto de teléfonos móviles, según cifras de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel).
Mucha gente se pregunta dónde van los teléfonos, si se presume que la información es segura y hay identificaciones personales. Pero la verdad es que la cadena delictiva tiene varios componentes.
Una parte es la de los expertos en hurtarlos. Ellos aprovechan las concentraciones masivas. La misa campal del Papa en el parque Bicentenario fue una ocasión gigante ya que hubo al menos 900 000 personas. Además, los espectáculos y los transportes públicos, donde las personas se apretujan, suelen ser ‘oportunidades de oro’ para los ladrones.
Luego, los delincuentes los entregan a las organizaciones delictivas, que a su vez contratan técnicos que modifican los códigos IMEI (identidad de los equipos). Más tarde se venden en las aún existentes cachinerías. Muchos se comercializan en otros países.
Una investigación de EL COMERCIO ilustra con testimonios los casos personales, tan solo una parte de lo que se denuncia.
La cadena delictiva de los ‘arranchadores’, los técnicos ilegales, los vendedores de artículos robados, no se cerraría sin los clientes. Si no hubiese compradores no habría ‘mercado’ para artículos robados. Es un asunto de ética y moral individual preocupante, y un problema de seguridad pública.