Toda nueva actividad productiva, empresarial, laboral, social, educativa… genera inquietud e incertidumbre. La minería —a mediana y gran escala— no es una excepción.
Lo es más en un país como Ecuador que no tiene una extensa tradición en minería industrializada.
En la memoria de los ecuatorianos están las afectaciones sociales o ambientales registradas en Nambija (Zamora Chinchipe) o en el distrito Portovelo-Zamura (El Oro), el más antiguo del país.
Lo mismo ocurre con los efectos causados por la actual minería informal en ríos y zonas ambientales sensibles. El uso del mercurio, la explotación laboral infantil o femenina y la inseguridad en las zonas de extracción están presentes en el recuerdo.
La reciente firma del contrato de explotación del proyecto minero Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura, no se escapa del debate y los cuestionamientos.
Mucho tienen que ver los recuerdos de las afectaciones.
Otros proyectos como Loma Larga, Río Blanco y San Carlos de Pananzta… han generado rechazo. Incluso, los dos últimos están paralizados.
Dos temas abonaron a esa desconfianza. El primero es el aprovechamiento de actores políticos que usan el cuidado ambiental como plataforma y el segundo fue el hermetismo con el que se manejaron las mineras hasta hace siete años. Hay empresas que han cambiado esa política de comunicación.
Toda actividad genera un impacto ambiental, no solo la minería. La construcción de un conjunto habitacional o vías, la agricultura, ganadería… lo hacen.
En minería pequeña o grande, lo importante es que exista el compromiso de las autoridades para preservar el cuidado ambiental. Si el Estado no hace eso y la actividad a gran escala incumple las normas ambientales, finalmente darán la razón para que no exista más explotación.
Ecuador tiene una normativa rígida para cumplir ese objetivo con estudios, permisos y licencias ambientales y las consultas previas.
Estas últimas son claves. Es fundamental conocer qué piensan las comunidades aledañas a los proyectos. Un ejemplo es la comunidad Los Encuentros y el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe. Hay que estudiar su transformación económica en el territorio, no desde el centralismo.
Las experiencias internacionales positivas y negativas también deben ser consideradas por las autoridades ambientales. No todo ha sido bueno, ni todo malo.
Si bien la minería innovó sus procesos en las plantas de beneficio o en las relaveras (depósito de desechos de los procesos mineros, son rocas molidas, agua y restos minerales), las auditorías honestas, técnicas y constantes no están en discusión. Tampoco la transparencia.
El ambiente es una prioridad. El Estado tiene el deber y el derecho de comprobar que se cumplan todos las exigencias ambientales.