El Presidente de la República, Guillermo Lasso, está convocado para que comparezca a la Asamblea Nacional. Deberá defenderse en el juicio político que impulsan las fuerzas detractoras de sus políticas, el correísmo y el Partido Social Cristiano. Es un proceso que debe tener garantías mínimas para que no se rompa el orden constituido.
No es la primera vez, en los casi dos años de su mandato, que Lasso enfrenta su salida anticipada. Primero fue el intento de destitución en junio del 2022, por grave conmoción interna, durante las protestas de la Conaie. En aquella oportunidad la moción de censura obtuvo 80 votos, de los 92 que se necesitaban.
Por otra parte está la revocatoria de mandato que presentó la Coordinadora Popular por la Revocatoria, el 5 de mayo del 2022, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para empezar este proceso. La iniciativa fue desechada por el CNE y luego de varias instancias en el Tribunal Contencioso Electoral, el pasado 7 de mayo este organismo no aceptó la última apelación, con lo que ahí también se salvó.
En el presente juicio político, fuentes del Ejecutivo creen tener controlada a la mayoría. Han esparcido la idea de que tiene controlada la situación y que en la votación no se llegarán a conseguir los 92 votos para sacarlo del poder. De eso se hicieron JP Morgan y Santander Investments Securities, y hace cuatro días el Riesgo País bajó 183 puntos y se ubicó en 1 623 puntos.
Aun así, la política en Ecuador es inestable. Si ahora se lo juzga a Lasso por un supuesto peculado, que es lo que autorizó la Corte Constitucional, pero si la Asamblea decide hacerlo por otra causal, el Parlamento jugaría con fuego. No debería hacerlo. Pero quién sabe si podría hacerlo, al final el juego legislativo se resume en juntar votos y con ellos pueden decir que una vaca es un cordero, o que una pera es manzana. No sorprendería, la verdad.
Ecuador, en medio de sus crisis, no debe olvidar que tiene un compromiso con la democracia. Y que todo se debe medir con la vara de la justicia, la legalidad, el bien común y la democracia. Y que todos los poderes del Estado están bajo el escrutinio social.
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