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El proyecto de ley para reformar la contratación pública en el Ecuador, denominada, Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviado por Daniel Noboa a la Asamblea Nacional genera preocupaciones técnicas y legales. Conozca los puntos polémicos planteados por el Ejecutivo.
Estos son los puntos polémicos de la reforma planteada a la contratación pública por Daniel Noboa.
El proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea genera preocupaciones técnicas y legales, según Luis Alberto Andrade, máster en contratación pública y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.
El proyecto de ley establece que el Presidente de la República designará directamente al director ejecutivo del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Antes, lo hacía un directorio. Además, el cargo obtendrá rango de ministro. Esto centraliza el poder en el Ejecutivo y reduce la autonomía del ente rector.
Actualmente, el Sercop puede emitir normativa secundaria para adaptar la ley a situaciones operativas. La reforma elimina esta facultad. Para Andrade, esta decisión debilita la capacidad técnica del Sercop y contradice recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que determinó que el Sercop debería mantener esa capacidad, por cuanto la sociedad es un ente dinámico y la contratación pública es un ente dinámico.
El proyecto permite que el Sercop fije tarifas por los servicios que brinda. Andrade advierte que, si no se regulan con cuidado, podrían convertirse en una barrera para la participación de proveedores, sobre todo los más pequeños.
El proyecto plantea que el Registro Único de Proveedores (RUP) incluya datos como formación, experiencia y confiabilidad. Pero el Sistema Oficial de Contrataciones del Ecuador (SOCE) está desactualizado. La ley obliga a renovarlo en 120 días, un plazo inviable, según Andrade.
“El SOCE es una herramienta antigua que requiere actualización y para poder implementar todos estos cambios se requieren muchos recursos, económicos y técnicos. Es un sistema monolítico, que cada cambio puede durar entre 3 y 6 meses. 120 días, yo no creo que sea plazo cumplible”, dijo.
Antes, un proveedor que ganaba una obra no podía participar en otra hasta cumplir la primera. Esa restricción desaparece en la reforma. Ahora, un proveedor podría acaparar múltiples contratos simultáneamente, lo que afecta la redistribución.
En obras de menor cuantía, ya no será obligatorio contratar a proveedores de la localidad. Esto podría reducir el impacto económico positivo en las comunidades donde se ejecutan los proyectos.
Asimismo, el proyecto no incluye mecanismos claros para asegurar pagos justos y oportunos. Andrade sugiere incluir restricciones al uso de fondos hasta que los contratos sean liquidados, salvo en caso de fuerza mayor.
La reforma otorga puntos adicionales a proveedores que denuncien actos de corrupción. Pero no se especifica cómo se van a validar esas denuncias ni qué entidad las gestionará. Esto podría generar falsas acusaciones y congestionar el sistema.
Además, no se especifica cómo funcionará el sistema de preferencias para mipymes y actores de la economía popular y solidaria. Se corre el riesgo de invisibilizar su participación.
Sin embargo, Andrade reconoce que la normativa actual de contratación pública en Ecuador necesita una reforma más profunda y clara. Aunque la nueva ley introduce algunos cambios relevantes, no representa una transformación estructural.
Se requiere una legislación que visibilice mejor los riesgos, proteja tanto al recurso público como a los proveedores, y evite que las denuncias se conviertan en mecanismos de presión. Además, se propone incorporar principios como el “valor por dinero”, utilizado en la administración pública y en la contratación estatal que busca garantizar que cada centavo del gasto público se utilice de forma eficiente, efectiva y transparente.
Por su parte, Pablo Dávila, experto en contratación pública, respaldó el proyecto de reforma a la Ley de Contratación Pública enviado por el presidente Noboa, al considerar que reduce trámites burocráticos, combate la corrupción y busca eficiencia en la inversión estatal.
Aunque Dávila propuso anteriormente una nueva ley más ambiciosa, apoya esta iniciativa como un paso positivo para modernizar un sistema que ha movilizado más de 100 000 millones de dólares en 17 años y que permite prácticas como consultorías adjudicadas sin competencia y baja calidad en compras por catálogo electrónico.
La propuesta fue enviada la Asamblea Nacional el 27 de mayo del 2025 como proyecto de ley económico urgente. El Legislativo tiene hasta el 26 de junio para pronunciarse.
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