Hasta el 26 de junio de 2025, la Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre el segundo proyecto de ley con carácter de urgencia económica, enviado por el presidente Daniel Noboa. La norma propone reformas al sistema de contratación pública y al servicio público en Ecuador. La iniciativa se enmarca en la necesidad de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto estatal.
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Pablo Dávila, experto en contratación pública, respalda las reformas planteadas por el Ejecutivo ya que son necesarias y son positivas para el Ecuador. Sin embargo, considera que el país necesita una normativa completamente nueva que elimine la burocracia, simplifique los procedimientos y combata eficazmente la corrupción.
Recordó que la ley vigente ya tiene 17 años y que en ese tiempo se han transaccionado más de 100 mil millones de dólares, con “experiencias buenas, malas y pésimas”. Asimismo, destacó que la contratación pública representa hasta una cuarta parte del presupuesto del Estado cada año.
Entre los cambios propuestos por el presidente Noboa, destaca la eliminación de varios trámites burocráticos, así como reformas en el sistema de contratación de consultorías.
El experto explicó que la normativa actual facilita prácticas poco transparentes. “La ley permite el amarre descarado de consultorías por montos que superan el medio millón de dólares, mediante la figura de la lista corta“. La entidad contratante elige a un consultor favorito, ya saben quién va a ganar, y ese mismo consultor se encarga de presentar dos o tres proformas adicionales, simulando una competencia inexistente, dijo Dávila.
Agregó que la legislación vigente también avala la contratación directa de consultorías de hasta 72 000 dólares, lo que abre la puerta a contratos “a dedo”. A ello se suma, dijo, la baja calidad del catálogo electrónico de compras públicas, que complica aún más la transparencia.
En la exposición de motivos del proyecto se detalla que la corrupción en las compras públicas representa una pérdida de hasta 930 millones de dólares anuales, que podrían destinarse a inversión social. Esta situación encarece los procesos y perjudica a los proveedores honestos.
Casos como ‘Metástasis’ y ‘Encuentro‘ han revelado redes de sobornos y tráfico de influencias en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entre otras. Según el Gobierno, los sistemas actuales presentan vacíos legales y permiten una aplicación discrecional que favorece intereses particulares.
Los principales cambios
La propuesta reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp). Plantea un portal único con datos abiertos, subastas inversas electrónicas, licitaciones con puntuación técnica y controles automáticos.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) tendrá mayor autonomía y será responsable del Registro Único de Proveedores (RUP), que se actualizará de forma automática. Además, los proveedores podrán obtener incentivos si denuncian actos de corrupción.
Evaluaciones a servidores públicos
El proyecto también reforma la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) para implementar evaluaciones semestrales a funcionarios, basadas en resultados y eficiencia en la contratación pública. El incumplimiento en la actualización de manuales de puestos se considerará una infracción grave.
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
La ley está alineada con el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025. Apunta a mejorar la calidad del gasto público, generar empleo digno y fortalecer la institucionalidad. La urgencia económica se justifica por un déficit fiscal de USD 726 millones registrado en el primer trimestre de 2025.
Tratamiento del proyecto de ley en la Asamblea Nacional
Este proyecto, denominado Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y remitirla a una comisión especializada para su tratamiento. Esta debe presentar un informe para primer debate en un plazo máximo de 10 días.
La comisión debe entregar el informe al Presidente de la Asamblea Nacional, para que lo incluya como parte del orden del día de una sesión del Pleno. En esta sesión se desarrollará el primer debate del proyecto de ley.
Tras finalizar el primer debate, la comisión especializada tiene cuatro días para presentar el informe para segundo debate.
Este informe también debe ser incluido en el orden del día del Pleno, donde se decidirá la aprobación o archivo del proyecto. Si surgen observaciones, el texto puede volver a la comisión.
Para la aprobación o archivo del proyecto de ley con carácter de urgente económico se requieren la mayoría absoluta, es decir, 77 votos de los 151 asambleístas. Si se aprueba, el proyecto pasa al Presidente de la República para su sanción u objeción.
Todo el proceso debe concluir máximo el 26 de junio de 2025, de no haber un pronunciamiento del Legislativo, el proyecto entraría por el Ministerio de la Ley.
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