La confianza en la palabra del jefe de Estado es fundamental. Si los ciudadanos desconfían de lo que le dice el gobernante, ya porque no se ajusta a la verdad o ya porque son promesas que no se cumplen, se torna muy difícil la ya compleja tarea de gobierno. Las últimas encuestas sobre el presidente Lasso dan cuenta de un violento deterioro de su imagen y de la credibilidad, mientras su gobierno se acerca a la mitad del período.
Según Perfiles de Opinión, en noviembre los índices de aprobación y credibilidad del presidente fueron de 13 y 12% respectivamente, cuando en los primeros meses de su gestión superaron el 70%. Por su parte, Cedatos, en una encuesta realizada en noviembre y diciembre pasados, encontró que la aprobación fue del 29% y la credibilidad llegó al 24%.
El marcado deterioro de la imagen presidencial se debería principalmente a las contradicciones de algunas de sus declaraciones, como la orden de que el mando policial ponga a disposición sus cargos a propósito del asesinato de la abogada Bernal, que luego no se cumplió. O la denuncia a 5 asambleístas de Pachakutik que le habrían pedido favores económicos a cambio de votos para la aprobación de una ley, que luego pidió a la fiscal que la archive. O la ingenuidad política de anunciar sus intenciones de reelección en Estados Unidos, lugar y tiempo totalmente inadecuados.
Pero por sobre lo anterior, la inseguridad, que es la principal preocupación de la ciudadanía, la crisis carcelaria, que no encuentra salida, la falta de medicinas en los hospitales, el deterioro de servicios públicos elementales, como la obtención de pasaportes y cédulas, el estado de las carreteras y la falta de concesiones y obra pública, están acabando con el gobierno. Todavía es posible al menos detener la caída libre, a condición de que se tome conciencia de ella y se pase del discurso a la acción.