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Reflexión

Me remito a la aclaración ofrecida por representantes del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, publicada en su importante medio el 11 de abril de 2014, a propósito de las declaraciones de mi autoría que diario EL COMERCIO publicara el día anterior. Solicito respetuosamente se me provea del espacio para ofrecer a su distinguida audiencia la siguiente reflexión:

Las declaraciones que bajo mi autoría fueron publicadas, se basa en la interacción con miles de hogares cuyo trámite de crédito se encuentra retrasado, causando perjuicio a sus planes familiares, a su economía, y a la economía de todas las industrias y comercios asociados a la construcción. Los datos son sólo aproximados que son recabados por los promotores asociados a esta institución, a falta de contar con las cifras exactas con las que el banco sí cuenta. Se trata, al final de cuentas, del mismo retraso que fue reconocido por el mismo señor Gerente Encargado, en declaraciones a diversos medios del día 21 de marzo de 2014, haciendo referencia a trámites retrasados de 16 021 hogares afiliados al seguro.

En ese contexto, la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador, institución cuya vocería ostento, felicita que el señor Gerente Encargado haya ofrecido cifras de la colocación real alcanzada por el Biess en este último mes. Asimismo, celebra que la posesión del nuevo Presidente del Consejo Directivo del IESS -a su vez Presidente del Directorio del Biess- haya derivado en una renovada voluntad de servir a los miles de afiliados que tramitan créditos hipotecarios en esa institución, mejorando procesos y tiempos de atención. Así se ha demostrado en las declaraciones, conversaciones y reuniones de trabajo mantenidas hasta la fecha con el sector.

TIEMPO DE REFLEXIÓN

Los dolorosos momentos vividos y el sacrificio de vidas humanas y los compatriotas lastimados deben dejarnos lecciones de humildad y una propuesta colectiva por la vida.

En el complejo tejido social del Ecuador diverso, hoy se impone la comprensión y la armonía para restañar las profundas heridas que nos dejó el triste suceso del 30 de septiembre y estos años de confrontación verbal y demolición institucional.

Ha quedado un país dividido y polarizado, han quedado odios encendidos e iras contenidas que tarde o temprano se pueden volver a desatar. Es por eso que una actitud generosa y abierta a la comprensión de las ideas y las razones de los otros es necesaria.

El poder político debe asumir que, más allá de sus triunfos temporales, está la urgencia de atender los espacios que los distintos actores sociales y políticos del Ecuador merecen. Para eso la renuncia y generosidad de espíritu, que se compadece con las prédicas idealistas de construcción de país, son indispensables.

Una democracia que busca su madurez requiere también distintas voces, y una oposición responsable, talentosa, democrática es esencial en la vida nacional para generar los contrapesos y equilibrios que el modelo político ha descompensado.

Hoy queda la dura secuela de la tarea sistemática de demolición institucional a nombre de un proyecto político.

Hace falta una Policía civil, limpia y preparada para enfrentar la delincuencia y a las mafias internacionales. Son importantes unas Fuerzas Armadas profesionales al cuidado de la integridad territorial y la soberanía.

Todos debemos emprender una serena reflexión para luchar contra el desempleo y la pobreza y la violencia.

Reflexión

La Corte Nacional de Justicia (antes Corte Suprema) ha dictado un Instructivo para juzgar a los miembros de la Corte Constitucional. Reitera una regla importantísima que ya consta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: la responsabilidad penal por hechos punibles cometidos durante y con ocasión de las funciones, pueden ser objeto de denuncia, investigación y acusación pero únicamente por el Fiscal General del Estado’ “excepto en lo que tiene que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, en cuyo caso no serán objeto de responsabilidad penal”. Esta reiteración es razonable, pues si por cada sentencia que emite un magistrado puede ser objeto de responsabilidad penal, ¿quién se atrevería a dictarla?

El Consejo de la Judicatura sancionó con multa a los ministros de la Primera Sala de la Corte de Pichincha -doctores Patricio Arízaga, Marco Maldonado y Jorge Cadena- por desestimar y calificar de temeraria y maliciosa una denuncia presentada por el ex Director Jurídico de la Contraloría contra un funcionario del ex Ministerio de Bienestar Social.

¿El origen?: una queja del Contralor, de 18 de julio de 2008 y, talvez sin quererlo, coincide con la resolución de estos tres magistrados en favor de Teleamazonas, por la clausura temporal de diciembre de 2009. Esta cercanía de los dos hechos, trae confusión y, a muchos, les parece falta de independencia y dedicatoria al poder político.

A la larga, estos magistrados han merecido sanción de multa del Consejo de la Judicatura, a razón de USD 340 por cada uno, pero negando la solicitud de Contraloría General del Estado de que los destituyan del cargo.

En el panorama judicial hay signos preocupantes, pues desde la Presidencia del máximo organismo judicial se emitió una disposición para que, en calidad de conjueces ocasionales actúen, los doctores Galo García Feraud, Jaime Flor Rubianes y Jaime Velasco Dávila, encargándolos atender el juicio que, por peculado, se sigue contra los hermanos Isaías y otros, a pesar de que el Dr. Velasco, cuando era presidente de la Suprema, intervino en ese juicio como juez y habiendo anticipado concepto ya no puede actuar nuevamente. Por lo demás, se trata de un juicio que tiene más de 100 volúmenes: ¿cuánto tiempo necesitarían para estudiarlo y resolver?

Porque, en materia de juicios se acumula tanto papel que uno, proveniente de la Fiscalía debe pasar al Superior y tiene nada menos que 246 cuerpos que contienen 27 854 fojas. Un nuevo Juez, ¿cuánto tiempo necesitaría solo para leer esos 246 tomos y resolver correctamente?

Parece llegada la hora de la reflexión, para evitar que el campo de la justicia se convierta en un caos, donde triunfen las pasiones y la independencia de la Función termine en dependencia. La Justicia debe ser libre e intocable.

Reflexión

La Corte Nacional de Justicia (antes Corte Suprema) ha dictado un Instructivo para juzgar a los miembros de la Corte Constitucional. Reitera una regla importantísima que ya consta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: la responsabilidad penal por hechos punibles cometidos durante y con ocasión de las funciones, pueden ser objeto de denuncia, investigación y acusación pero únicamente por el Fiscal General del Estado… “excepto en lo que tiene que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, en cuyo caso no serán objeto de responsabilidad penal”. Esta reiteración es razonable, pues si por cada sentencia que emite un magistrado puede ser objeto de responsabilidad penal, ¿quién se atrevería a dictarla?

El Consejo de la Judicatura sancionó con multa a los ministros de la Primera Sala de la Corte de Pichincha -doctores  Patricio Arízaga, Marco Maldonado y Jorge Cadena- por desestimar y calificar de temeraria y maliciosa una denuncia presentada por el ex Director Jurídico de la Contraloría contra un funcionario del ex Ministerio de Bienestar Social.

¿El origen?: una queja del Contralor, de 18 de julio de 2008 y, talvez sin quererlo, coincide con la resolución de estos tres magistrados en favor de Teleamazonas, por la clausura temporal de diciembre de 2009. Esta cercanía de los dos hechos, trae confusión y, a muchos, les parece falta de independencia y dedicatoria al poder político.

A la larga, estos magistrados han merecido sanción de multa del Consejo de la Judicatura, a razón de USD 340 por cada uno, pero negando la solicitud de Contraloría General del Estado de que los destituyan del cargo.

En el panorama judicial hay signos preocupantes, pues desde la Presidencia del máximo organismo judicial se emitió una disposición para que, en calidad de conjueces ocasionales actúen,  los doctores Galo García Feraud, Jaime Flor Rubianes y Jaime Velasco Dávila, encargándolos atender el juicio que, por peculado, se sigue contra los hermanos Isaías y otros, a pesar de que el Dr. Velasco, cuando era presidente de la  Suprema, intervino en ese juicio como juez y habiendo anticipado concepto ya no puede actuar nuevamente. Por lo demás, se trata de un juicio que tiene más de 100 volúmenes: ¿cuánto tiempo necesitarían para estudiarlo y resolver?

Porque, en materia de juicios se acumula tanto papel que uno, proveniente de la Fiscalía debe pasar al Superior y tiene nada menos que 246 cuerpos que contienen 27 854 fojas. Un nuevo Juez, ¿cuánto tiempo necesitaría solo para leer esos 246 tomos y resolver correctamente?

Parece llegada la hora de la reflexión, para evitar que el campo de la justicia se convierta en un caos, donde triunfen las pasiones y la independencia de la Función termine en dependencia. La Justicia debe ser libre e intocable.