A propósito de la carta del Sr. Andrés Izurieta del 29 de septiembre, deseo dar a conocer el problema que también me ha causado a mí la falta de comunicación entre la ANT y el SRI. En 1996, reporté el robo de mi automóvil, haciendo las respectivas denuncias ante la Policía y siguiendo el trámite pertinente establecido por la aseguradora, que luego del tiempo transcurrido sin que haya podido ser localizado el vehículo, lo dio por perdido. Con gran asombro, en el 2013, cuando iba a matricular mi actual vehículo, me aparece una multa del año 2000 por mal estacionamiento, en Guayaquil, del vehículo robado. Luego de pagar la multa -porque de lo contrario no matricularían mi actual vehículo- concurrí a la Jefatura Provincial de la Policía Judicial de Pichincha y presenté todos los documentos originales de la denuncia del año 1996, habiéndome asegurado que de inmediato se volvería a registrar en el Sistema de la Policía Nacional como vehículo robado y sería dado de baja en los registros.
Cuál no sería mi sorpresa, cuando ingresé a mi página de mensajes del SRI, en agosto pasado, encontrando un mensaje de que tengo multas por pagar por falta de matriculación del carro robado, por la cantidad de USD 2 300. Lo peor del caso es que la descripción del carro que ahora tiene las placas del que me fue robado, es totalmente diferente en modelo, cilindraje, clase y año, es decir que la placa ha sido negociada fraudulentamente. Traté de arreglar este problema en la ANT, pero para no alargar el cuento, me dijeron que debía contratar un abogado para que se haga cargo del caso hasta lograr obtener la baja del vehículo y que la ANT alimente el sistema de datos del SRI con el ajuste pertinente, que no se ha hecho desde 1996. Este proceso, según le han dicho al abogado, ¡puede tomar varios meses ! Aparte de los malos ratos, ¿quién me va a reconocer todos los gastos en los que tengo que incurrir por la ineficiencia de nuestras instituciones?