La constitución del Ecuador, en su articulado 35, 44; habla de los niños y adolescentes como grupo de atención prioritaria; además que, el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad; el COIP en su art 91” señala que la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas”…y es sancionado hasta 16 años y si hay muerte de la víctima 26 años.
El estatus de “Sodoma y Gomorra” que viven los pedófilos, traficantes de niños, que tratan con el negocio de personas en la que han sometido a nuestros hijos es el acabose de la inocencia de una nación.
Dicen que más de 15 instituciones gubernamentales están trabajando de forma integrada y paralela para dar asistencia y protección a las víctimas; cuando deberían estar integrados para evitar el antes, no el después, cuando ya no hay retorno.
El negocio más rentable en el mundo es la trata de personas, la que a unos les da ganancias, y a otros les devasta la vida y a su entorno. Que las cifras son escalofriantes en el mundo, y no se diga en Ecuador; 71%. La trata de personas es un delito serio y una violación grave de los DD.HH.., que constituye una amenaza para la seguridad nacional y menoscaba el desarrollo sostenible y el Estado de derecho, como se reconoce en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de las NN.UU.
EL COMERCIO, el 13 de marzo público una entrevista. Una madre narra la tragedia de Carolina, su pequeña, a quien por todos los medios ha tratado de proteger pero el destino fue más fuerte que ellas. Su historia no solo causa impotencia, e indignación sino fuerza y valor para combatir un mal que destruye a nuestros hijos. Pedimos a los organismos internacionales su intervención inmediata para desterrar el mal del siglo.