Resulta tan incómodo para la democracia que los requisitos de inscripción de candidaturas, a pesar de tener filtros bastante definidos, se puedan pasar por alto de manera burda por parte de las organizaciones políticas. Pero más embarazoso resulta que, al final, sea el Pleno el que revise y pueda tomar decisiones por encima de esa legalidad.
Si bien estos cuadros son una realidad única, como cara y sello de una moneda, hay que revisarlos por separado.
Cara. En agosto se inició la etapa de la democracia interna en las organizaciones políticas. Muchas de ellas habilitaron sistemas biométricos para hacer que la participación interna fuera fluida ante el confinamiento y las medidas sanitarias por el covid-19. Así, se realizaron las primarias telemáticas y se daba por entendido de que de ese universo de precandidatos habría que elegir.
Además, el reglamento de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) pide que cada candidato acepte personalmente su candidatura, para evitar que los prófugos de la justicia se puedan beneficiar de la inmunidad electoral de la que gozan los candidatos que logran inscribirse.
Sin embargo, los vericuetos de los reglamentos del CNE han hecho que personas que no salieran de las elecciones internas u otros que aceptaran presencialmente sus candidaturas estén pugnando por participar.
Sello. Los sistemas del CNE están diseñados para el error. Luego de tanto drama de las elecciones primarias y de la aceptación presencial y personalísima, resulta que algunos partidos se saltaron todo el procedimiento y pusieron a ciudadanos que no cumplen estos requisitos, porque les nació, porque se equivocaron o porque trataron de pescar a río revuelto, por si acaso…
El problema es que este tipo de inconvenientes pasen al Pleno del CNE, donde puede haber una decisión basada en la interpretación de una norma. Y se corre el riesgo de que un tema legal se convierta en un tema político.
Y eso incomoda a la democracia.