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El sistema de rehabilitación se debilitó en tres gobiernos

En las instalaciones de la Penitenciaría se mantiene el control por parte de miembros de las FF.AA. y Policía. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Frente a las masacres carcelarias de los últimos tres años existen “responsabilidades directas” de los funcionarios que tienen competencias en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Sistema Judicial y en la rectoría de Derechos Humanos. Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Comisión de Seguridad de la Asamblea en su informe, aprobado por el Pleno el miércoles. 

En el documento se anota que el Estado no actuó “con la debida diligencia para garantizar la protección de la vida e integridad”, de las personas privadas de libertad (PPL).  

La mesa legislativa analizó el manejo del Sistema Rehabilitación Social, entre el 2016 y el 2021, concluyendo que los tres últimos gobiernos han abonado a este debilitamiento estructural. También se citan responsabilidades del Legislativo, Función Judicial y otras entidades del Estado.  

Entre los factores que han incidido se destaca la disminución presupuestaria y la ausencia de políticas públicas integrales y coordinadas para armar un verdadero Sistema de Rehabilitación Social, con enfoque de derechos.   

Desde el Gobierno se reconoce que el Estado ha perdido “soberanía” en las cárceles y se vincula este tema a la presencia de bandas transnacionales y a las redes del narcotráfico.

Además, se maneja la hipótesis de que detrás de estas masacres hay un supuesto intento de desestabilización política. Así lo cree Fausto Cobo, encargado del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).  

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, reconoce que el problema de las cárceles es estructural. Pero pide que las autoridades “no se laven las manos”.  

¿Cómo se llegó a este debilitamiento institucional? Pamela Chiriboga, integrante de Inredh, señala que en la década pasada se construyeron “megacárceles”, pero sin un adecuado modelo de gestión integral.  

En el mandato de Rafael Correa (2007-2017) para el manejo carcelario se creó, vía Decreto, la Unidad Transitoria de Gestión Emergente. Después esas funciones las absorbió el Ministerio de Justicia. Esa Cartera, en 10 años, devengó USD 807 millones. “La construcción de cárceles regionales y los cambios en el modelo de gestión penitenciaria agravaron las complejas problemáticas del sistema de rehabilitación: aislamiento, desarraigo familiar, ruptura de vínculos”, reza el informe. Se recuerda que  los centros de Cotopaxi y Turi (Azuay) se habilitaron sin la garantía de acceso a servicios básicos.  

Con ese cambio, se excluyó a organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que anteriormente trabajaban con los PPL.  

Según datos del Ministerio de Finanzas, en 2015 hubo USD 164,7 millones de presupuesto para el Sistema de Rehabilitación Social.  En el 2017, cuando Correa dejó el poder, el presupuesto  bajó a 135 millones.  

Durante la administración de Lenín Moreno se eliminó el Ministerio de Justicia (2018), como parte de su plan de optimización del Estado. A raíz de eso, el manejo de las cárceles pasó al SNAI. Esa entidad manejó en el 2019 un presupuesto cercano a USD 108 millones. 

En ese mismo año se produjo una serie de motines que propiciaron la primera declaratoria de estado de excepción en el sistema carcelario.  Desde entonces, se ha dictado esa medida en cinco ocasiones.  

Para el 2020, año de pandemia, el presupuesto para las cárceles cayó al nivel más bajo de la última década: USD 91 millones. Mientras que para el 2021, se ofrece un leve incremento a 108 millones, ubicándose en igual nivel del 2019.

Mario Pazmiño, experto en seguridad, enfatizó que en el 2014 hubo un presupuesto de USD 162 millones, con una población que bordeaba los 23 000 detenidos. Pero ahora, con menos recursos, se debe atender a 40 000 PPL, una cifra que excede la capacidad. 

En el informe se cuestiona al presidente Guillermo Lasso por su tardía designación de la titular del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. El nombramiento de Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, se concretó recién el 1 de octubre, pese a que hubo masacres en febrero, julio y septiembre.   

Para enfrentar la problemática, el Gobierno impulsa un acuerdo nacional. Fausto Cobo reconoce omisiones, pero dice que no son solo del Ejecutivo. Por ello insiste en su pedido de reformas legales para mejorar la gestión del SNAI. 

En el informe de la Asamblea se sugiere al Ejecutivo “crear una institución con atribuciones específicas de articulación y coordinación en materia de seguridad”, así como la reestructuración del Ministerio de Gobierno.

Además, se recomienda evaluar la pertinencia del inicio de juicio político a las autoridades de Rehabilitación.