¿Los derechos políticos de Jorge Glas y Alexis Mera siguen suspendidos?
Jorge Glas ya no tendrá que completar su sentencia de seis años de cárcel por asociación ilícita, en el caso Odebrecht, sino solo deberá cumplir la condena por el caso Sobornos. Foto: Flickr
Dos altos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa se beneficiaron de decisiones judiciales la semana pasada.
El primero fue el exvicepresidente Jorge Glas. El 26 de enero del 2023, la jueza de Garantías Penitenciarias de Quito, Melissa Muñoz, le concedió la unificación de penas.
Con ese fallo judicial, Glas solo debe cumplir su condena de ocho años de cárcel por cohecho, en el caso Sobornos y ya no tendrá que completar su segunda sentencia de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, en el caso Odebrecht.
La unificación de penas le abrió una puerta para que obtenga la prelibertad. El abogado de Glas dijo que solicitará ese beneficio penitenciario, pues su cliente ya cumplió más del 40% de la pena. De hecho, en octubre del año pasado, Glas cumplió cinco años en la cárcel.
Por otra parte, el 27 de enero del 2023, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el correísmo, también obtuvo la prelibertad. Él salió de la cárcel de Ambato para cumplir lo que resta de su condena, de ocho años por cohecho en el caso Sobornos, en libertad.
¿La prelibertad les permitirá recuperar los derechos políticos a los dos exfuncionarios?
Expertos en Derecho Penal coinciden que obtener la prelibertad u otro beneficio penitenciario no modifica la suspensión de los derechos políticos de los sentenciados, pues fue una disposición que emitió un Tribunal cuando fueron condenados, en el caso Sobornos.
La suspensión de los derechos políticos implica que esa persona no puede candidatizarse a un cargo de elección popular, ni ser un funcionario público, como ministro, defensor público, fiscal, juez, etc.
En abril del 2020, un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a Glas, Mera y otros procesados más a ocho años de prisión por el delito de cohecho, dentro de esa trama de corrupción. En esa sentencia se dispuso también la pérdida de los derechos políticos por 25 años para los implicados, que se contarían una vez cumplida la pena.
Mediante referéndum y consulta popular, realizada el 4 de febrero del 2018, se aprobó que los jueces impongan una suspensión de los derechos políticos de 10 a 25 años. Este tiempo se aplica para quienes sean sentenciados los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada, relacionados con actos de corrupción.
La excepción
Pese a este cambio en la legislación ecuatoriana, el 20 de julio del 2020, un Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia redujo el tiempo de suspensión de los derechos políticos de 25 a ocho años para los sentenciados en el caso Sobornos, en esa lista están incluidos Glas y Mera. Los ocho años se contarían a partir de que su sentencia esté cumplida totalmente.
El Tribunal de Apelación tomó esa decisión, pues consideró que los implicados en esa causa judicial fueron condenados usando el Código Penal, que fue derogado en el 2014. Esa ley establecía que la prohibición de derechos políticos sería por un tiempo igual al de la sentencia.
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