El plazo para definir la fecha de la segunda audiencia en el caso El Universo se acorta. La Segunda Sala de lo Penal del Guayas tiene hasta esta semana para decidirlo.
Los 10 días plazo están corriendo desde el lunes pasado. Ese día llegó a la secretaría de la sala la querella que interpuso el presidente, Rafael Correa, contra la Compañía Anónima (C.A.) El Universo, sus directivos Carlos, César y Nicolás Pérez; y Emilio Palacio, el ex editor de Opinión.
Correa inició una demanda por supuesta injuria calumniosa, a título personal, por la publicación del artículo ‘No a las mentiras’, escrito por Emilio Palacio.
En la primera semana las partes solo han recibido una notificación en la que la sala “avoca conocimiento”, explicó Mónica Vargas, defensora de los hermanos Pérez. En ese comunicado, la Sala informó que la querella ya estaba bajo su competencia.
Esta Sala está integrada por el juez titular Primo Díaz Garaycoa y los temporales Eduardo Guerrero Mórtola y Héctor Cabezas Palacios. El primer magistrado fue Presidente de la Corte del Guayas entre el año 2008 y 2010.
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Los jueces temporales también han estado en otros cargos. En el caso de Guerrero, fue subgerente regional y gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (2006), además procurador judicial de la Agencia de Garantía de Depósitos (2000).
Cabezas fue ministro interino de la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y la Adolescencia (2005) y conjuez de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas (2011). Por esto se lo vinculó con Gutemberg Vera, abogado de Correa en la querella, quien figura como conjuez de esa la Tercera Sala.
Sin embargo, Cabezas sostuvo que “el doctor Vera es conjuez de la sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y, por tanto, nos conocemos todos los jueces”. El magistrado llegó a la Sala luego de que el Consejo de la Judicatura de Transitorio cesara al conjuez Juan Carrión Maldonado.
En la sala deben analizarse los pedidos de apelación y nulidad que hicieron los querellados, y realizarse una audiencia donde las partes presentarán sus argumentos. En primera instancia el juez temporal Juan Paredes sentenció a tres años de prisión a los directivos y a Palacio, además al pago de una indemnización de USD 40 millones a Correa.
Los defensores insistieron en la nulidad de la sentencia porque viola derechos constitucionales, no contiene la condena para todos los acusados, además no probó el nexo que existe entre la actuación de los hermanos Pérez y el cometimiento del delito. Además, en la sentencia no se menciona nada de las seis horas de la audiencia de juzgamiento que se realizó el 19 de julio pasado, con la presencia de Correa.
Si la nulidad no se aprueba, se revisarán los pedidos de apelación de los abogados defensores donde se pide que se revoque la condena y se absuelva a las cuatro personas acusadas.
En cambio, los abogados del Presidente apelaron para que el valor de la indemnización ascienda de USD 40millones a 80 millones.
El abogado de la Compañía, Xavier Zavala Egas, dijo que sí asistiría a la nueva diligencia judicial, a diferencia de la primera audiencia, donde no estuvo. “A la anterior no fuimos porque la C.A. El Universo no tenía razón alguna para estar en esa audiencia, pero ahora sí, porque es una audiencia para sustentar los recursos”. Esto pese, a que insiste en que acusar a la Compañía Anónima en un juicio penal es inconstitucional e ilegal y “carece de todo sentido común, por eso no fuimos”.
Zavala dijo confiar en el criterio de los jueces de la Segunda Sala. “Creo que en una Corte Superior el nivel de los jueces varía, empezando porque no se va a tratar de un juez temporal sacado de la manga, sino de jueces afirmados en la Corte”, expresó. En primera instancia, el caso pasó por las manos de cuatro jueces temporales.
En el enlace del sábado pasado, Correa criticó el papel de los abogados de los querellados. Dijo que no asistieron a la audiencia y que la abogada de los Pérez los defendía por coautoría y no por autoría coadyuvante”, como fueron sentenciados los directivos.
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“En Bolivia se cercena libertad de prensa”
Con la misma matriz que en Argentina, Ecuador o Venezuela, el presidente boliviano, Evo Morales, acaba de sancionar una nueva Ley de Telecomunicaciones que restringirá severamente la participación del sector privado en esa actividad.
Como otros políticos regionales, Morales se refiere frecuentemente a la prensa privada como
a un enemigo personal. La denominada Ley de Telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación fue aprobada por el parlamento controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera Morales.
La Ley pone inmediatamente “a disposición del Estado” todos los medios de comunicación, incluidos los operadores de Internet, y posibilita las escuchas telefónicas sin necesidad de orden judicial de ningún caso de “conmoción interna” o de amenazas a “la seguridad del Estado”, o de desastres naturales o agresiones externas.
Los medios privados solo podrán tener 33% del espectro radioeléctrico, como en Argentina. Otro 33% quedará en manos del Estado. Un 17% a disposición de los sindicatos y el otro 17% entre movimientos indígenas, afines al Gobierno.
Así, el Régimen controlaría el 67% de las licencias de radio y TV.
La Asociación Boliviana de Radiodifusoras calcula que unas 400 radios privadas que hoy operan podrían perder sus licencias y desaparecer. Esto ocurriría mediante la no renovación de licencias. Bolivia tiene unas 800 emisoras, muchas tradicionalmente en manos de la Iglesia Católica, a la que Morales ataca.
Un centenar de emisoras recientemente fue puesta en actividad por el Gobierno con financiamiento y ayuda iraní, y conforman una “cadena comunitaria”. Morales además fundó un diario y una televisora estatales.
La nueva norma permite al Estado cerrar los medios que -a su criterio- propalen opiniones consideradas como racistas o discriminatorias. La asimetría que promueve abiertamente el dominio de los medios públicos será responsable de que Bolivia mantenga un sistema primitivo. La Nación, Argentina, GDA
Críticas contra Correa en Perú y Venezuela
En Perú siguen las reacciones a las advertencias que el presidente Rafael Correa le hiciera hace poco a su homólogo, Ollanta Humala. “Si quieres cambiar el país, tienes que enfrentar a la prensa”, le dijo el ecuatoriano.
“Al pretender exportar a la región su leyenda negra contra la prensa”, Rafael Correa “empieza a cosechar sus primeras frustraciones”. Dice en su columna de opinión el editor de Política de diario El Comercio de Lima, Juan Paredes Castro, publicada ayer.
Añade que la advertencia de Correa “no ha surtido otro efecto que la respuesta del Gobierno peruano de no estar dispuesto a pisar esa cáscara de plátano”. Según el columnista, la declaración de Correa estuvo acompañada de ataques directos a los diarios El Comercio y Correo de Perú, en “una demostración de injerencia en asuntos internos”, que la Cancillería peruana no avaló.
Añade: “Cuando un gobernante como Correa tuerce el mandato democrático que lo instaló en el poder, para en unos casos recortar las libertades civiles y en otros violentarlas, como lo está haciendo con la prensa de su país, no hace otra cosa que secuestrar el voto ciudadano, el mismo voto ciudadano que él invocó en elecciones libres y que ahora busca convertirlo en un cheque en blanco de sus designios autocráticos”.
Mientras tanto, El Nacional de Caracas publicó una entrevista al subdirector de diario El Universo, César Pérez Barriga, sobre el juicio millonario que ya ganó Correa en primera instancia.
El directivo recuerda que una vez le preguntaron al Presidente de Ecuador qué opinaba del cierre de RCTV, y él contestó: “Yo lo hubiera cerrado antes”. También, que Correa propuso a la Unasur que se creara un consejo de prensa para regular la actividad de los medios de la región.
“El presidente Correa ha creado un precedente que se pudiera utilizar en el futuro en otros países de América Latina, con el fin de extender a los directivos y dueños de un medio de comunicación social la responsabilidad de cualquier opinión que se publique”, advirtió Pérez. El Nacional, Caracas. El Comercio, Lima, GDA