Replicar al presidente Rafael Correa en los espacios que él usa para descalificar a sus detractores es una opción casi descartada.
Los políticos y analistas aludidos dicen que están cerradas las puertas de los enlaces sabatinos y de las cadenas nacionales para responder a lo que llaman agravios de Correa y del Gobierno .
Para el analista económico Pablo Lucio Paredes y la asambleísta Lourdes Tibán, el Régimen utiliza a su conveniencia el numeral 7 del artículo 66 de la Constitución. Allí se establece el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.
Lucio Paredes dice que su imagen ha sido golpeada por los espacios mediáticos oficiales. “En múltiples ocasiones he sido insultado en las cadenas sabatinas con epítetos diversos que ponen en duda mi calidad profesional”.
Por eso, en una carta abierta, le preguntó al vocero de Carondelet, Fernando Alvarado, el camino que debe seguir para tener el derecho de responder al Gobierno. Dice que se lo ha presentado como un “golpista”, por asistir a una conferencia de Lucio Gutiérrez en Miami, vísperas del 30-S.
En su caso, la opción de replicar al Mandatario en un enlace o una cadena nacional está cerrada. Aunque todavía no responde oficialmente a la pregunta, Alvarado anticipa que esto no será posible. Su argumento es que ni el Presidente ni el Gobierno lo han llamado “golpista”. “Hemos revisado (los archivos) y en ningún momento se le ha llamado golpista”. El funcionario, en su blog personal, se burló del pedido de Lucio Paredes, al decirle “pobrecito” por sentirse ofendido.
¿Hay más exigencias de réplica en Carondelet? Según la información de la Secretaría de Comunicación se han recibido al menos ocho cartas con pedidos de rectificación o reclamos.
El ex presidente Lucio Gutiérrez y el periodista Wilson Cabrera son algunos de los personajes que han presentado sus reclamos (ver cuadro). En ambos casos el Gobierno no tramitó esas rectificaciones en las sabatinas o en las cadenas que suele emplear el Régimen para “corregir” las informaciones de algunos espacios informativos .
“Cuando solicité una réplica recibí insultos y calumnias por parte de Alvarado”, señala el asambleísta Galo Lara (PSP). Se refiere a una carta del 26 de julio, en que pedía un espacio para la réplica a diario El Universo, que es procesado por el presidente Correa. El resultado fue negativo.
La asambleísta Tibán exigió el derecho a la réplica por una cadena regional difundida en su contra. Su pedido tampoco se cristalizó. Alvarado dice que a los políticos no se les puede conceder un espacio de rectificación en una cadena, ya que son espacios exclusivos para el Presidente de la República y los miembros del Gabinete. Él ampara su respuesta en el art. 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, expedida en 1975. “Esa respuesta (de Alvarado) es bien cojuda”, sostiene Tibán. A su juicio, es ilógico que el vocero de Carondelet se ampare en una ley de casi cuatro décadas y no en la Constitución del 2008.
El único caso en que el Gobierno consideró que debía dar espacio a la réplica fue el de la periodista Lorena Álvarez de Cotopaxi. Sin embargo, no se concretó. Según Alvarado, la comunicadora dijo que ya no lo deseaba, pese a que eso la había afectado.
¿Qué pasará a futuro?
Aunque el Gobierno se niega a brindar a sus detractores el derecho a réplica en las cadenas nacionales o regionales, sí las emplea para desmentirlos. Cada vez que en un noticiero la opinión de un entrevistado no coincide con la verdad oficial, el Régimen impone cadenas para ‘desmentir’.
Periodistas como Diego Oquendo (radio Visión), Gonzalo Rosero (radio Democracia) o Alfredo Pinoargote (Ecuavisa) han expresado su malestar por este tipo de interrupciones.
“Es una forma de censura previa, porque se está imponiendo un contenido”, sostiene el asambleísta César Montúfar. El legislador advierte que este punto pudiera agudizarse si se aprueba la Ley de Comunicación, en los términos planteados en el informe para segundo debate. Se refiere al numeral 12 del art. 18, que indica que una de las atribuciones del Consejo de Regulación será: “Conocer y resolver en el ámbito administrativo los reclamos presentados por violación a los derechos de la comunicación o las obligaciones establecidas en esta ley”.
Para Alvarado, las cadenas nacionales solo son caminos legales que les permite desmentir informaciones que califican como “infundadas”. “En el mismo espacio queremos que salga nuestra verdad. Si hay alguna ilegalidad que nos procesen judicialmente”.
Casos
Wilson Cabrera
El periodista de Morona dijo que la Secretaría de Comunicación manipuló imágenes. Luego se difundió todo el video pero sin rectificación.
Pablo Lucio Paredes
Dice que el Gobierno lo presentó como un golpista por haber estado en una conferencia en Miami con Lucio Gutiérrez días antes del 30-S.
Lourdes Tibán
Pidió la réplica, por la cadena regional del 1 de junio. Dice que se cometieron 16 errores. Alvarado negó este espacio “que es para el Gobierno”.
Fernando López
Este catedrático dijo que en la cadena del 5 de mayo descontextualizaron declaraciones suyas anteriores y sin autorización. No hubo rectificación.
Galo Lara
El asambleísta pidió que se le permita a El Universo hacer uso de la réplica, por las cadenas que se emitieron tras el juicio. El Gobierno negó el pedido.
Fidel Araujo
El mayor (r) del Ejército exige el derecho a la réplica tras las declaraciones de Rafael Correa en la CNN, donde lo acusa por los hechos del 30-S.
Fernando Gutiérrez
El Defensor del Pueblo (foto) envió el 20 de junio una carta a la Presidencia. En una cadena se dijo que la Defensoría no ha intervenido en violaciones a derechos de la comunicación. La Secretaría negó la rectificación.
Otros casos
El ex presidente, Lucio Gutiérrez pidió un espacio para la réplica. La periodista Lorena Álvarez dijo que usaron mal sus declaraciones en una cadena. Alvarado le ofreció el derecho a la réplica; ella no aceptó.