El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no es solo el foco de disputa por su facultad de designar autoridades. La Constitución le otorga otras atribuciones, entre ellas, la lucha contra la corrupción. Sin embargo, según el Ejecutivo, poco o nada ha invertido esa entidad en aquello.
Una de las preguntas de la eventual consulta popular en lo que tiene que ver con institucionalidad es la número seis, referente a ese organismo. Entre las justificaciones del proyecto de enmienda hay un dato que llama la atención: desde el 2010, de acuerdo con el anexo presentado por el Gobierno, el Consejo de Participación no ha hecho nada en la lucha contra la corrupción.
Hay tres atribuciones que la Constitución l reconoce al Cpccs en lo que tiene que ver con ese tema. La primera es investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción.
La segunda es emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad. La tercera hace referencia a actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones.
Acciones realizadas
El Ejecutivo dice que, desde el 2010, para el Cpccs se han destinado USD 142 millones. De eso, según la fuente, el 96,9% se gastó en burocracia. Hubo un 0,29% para la promoción de la participación ciudadana, 1,1% en designación de autoridades y 1,6% en consultorías. Nada para labores anticorrupción.
EL COMERCIO solicitó al Cpccs un detalle de lo invertido en su atribución contra la corrupción desde el 2019, año de posesión del actual Pleno. En su respuesta no se detalla ningún rubro.
La entidad argumenta lo siguiente: “la asignación presupuestaria (desde 2019) se ha realizado por parte del Ministerio de Finanzas en el programa 01 denominado Administración Central, categoría que no contempla financiamiento específico para las actividades de las áreas sustantivas”.
Es decir, no hay un detalle sobre lo invertido específicamente en esa área. Sin embargo, el Cpccs señala que sí ha cumplido con esa tarea, por ejemplo, con la formación de veedurías ciudadanas, observatorios y escuelas de formación.
Desde el año 2019, esa entidad ha receptado 350 denuncias sobre actos u omisiones que afectaron la participación ciudadana o generaron corrupción. Eso quiere decir que en poco más de tres años han recibido más o menos 116 denuncias cada 12 meses.
Sin mayor detalle, la entidad asegura que están en manos de técnicos especializados o que han sido dirigidas a las autoridades administrativas o judiciales pertinentes. Otras están bajo reserva.
En ese mismo lapso se han resuelto 77 procesos. De estos, en 42 se determinó la existencia de indicios de responsabilidad. También, la Subcoordinación Nacional de Patrocinio ha impulsado 108 acciones legales y el Cpccs es parte procesal de 55 causas.
En la rendición de cuenta del 2021 se detalla que la Secretaría de Lucha contra la Corrupción tramitó 1 077 denuncias.
Sin embargo, solamente 31 fueron admitidas y derivadas a la Subcoordinación Nacional de Investigación. ¿La razón? Solamente ese número era sobre temas de competencia de la entidad. Es decir, la gente acude a ese órgano por causas que deben resolverse en otras instancias.
Gastos burocráticos
El análisis del Ejecutivo no dista mucho de la realidad. Según su página web en el apartado sobre Transparencia, el Cpccs tiene 303 funcionarios. En salarios, eso significa un pago anual, sin décimos, de USD 5 113 068.
Al 31 de julio pasado, el Consejo de Participación reportaba en su sitio web un presupuesto de USD 8 294 857,44; es decir, anualmente más de la mitad (61%) de los recursos asignados se dirigen al pago de salarios.
Designación de autoridades
Para el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, el rol del Cpccs en la lucha contra la corrupción ha pasado a segundo plano porque se ha centrado en la designación de autoridades.
Según Rodas, se ha convertido en parte de los acuerdos políticos detrás de esas designaciones. Agrega que organizaciones de la sociedad civil han cumplido el rol de denunciar la corrupción sin tener acceso a los recursos y personal que tiene el Cpccs. Y que, en lo que va de este período, el Consejo no ha hecho ninguna denuncia importante.
Apuntes
El Consejo de Participación Ciudadana forma parte del llamado Cuarto Poder del Estado, de transparencia y control social, según la Constitución de 2008.
Según el artículo 207 de la Carta Política, el Cpccs es la entidad que promueve e incentiva “el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana”.
Además, la entidad impulsa y establece “mecanismos de control social en los asuntos de interés público”. Sin embargo, desde su creación, el eje del organismo ha sido la designación de autoridades.