El Gobierno de Ecuador ofreció este sábado 31 de mayo de 2025 disculpas públicas en nombre del Estado a las víctimas de esclavitud moderna cometida por la empresa de capitales japoneses Furukawa, tal como lo estableció la Corte Constitucional en una sentencia emitida en 2024, y prometió trabajar en la “defensa de los derechos de los trabajadores y del derecho a la dignidad”.
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El Estado reconoce su responsabilidad en el caso Furukawa
Fue la ministra ecuatoriana de Trabajo, Ivonne Núñez, la encargada de pronunciarse frente a las víctimas, en un acto que se realizó en la Plaza Grande, ubicada frente al Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo ecuatoriano, quien también declaró el 31 de mayo como el Día de los Trabajadores de Furukawa.
Una servidumbre que duró más de cinco décadas
Para la Corte Constitucional, la empresa de capital japonesas fue responsable por más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.
Este sometimiento consistía en “aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición”. En esta sentencia, los jueces identificaron a 342 víctimas de servidumbre de la gleba.
Además de condenar a la empresa, el tribunal constitucional también declaró responsables de esta situación a los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, por considerar que “omitieron adoptar medidas de prevención y protección frente a la violación de la prohibición de la esclavitud por parte de Furukawa“.
Víctimas exigen reparación integral y medidas concretas
Por esta razón, las personas que asistieron al acto de este sábado recibieron una pequeña placa en la que se reconoce que fueron “víctimas de graves vulneraciones de derechos, afectadas por su condición de pobreza y su origen afrodescendiente, por más de cinco décadas, debido al abandono estructural de las entidades del Estado“.
Tras esa entrega, la ministra Núñez expresó el “compromiso irrestricto” del Gobierno de “fundar un Estado garantista de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, del derecho a la dignidad, a vivir con libertad, a vivir con pensamiento propio y a vivir organizados”.
En este acto, también estuvieron presentes el ministro de Gobierno, José De la Gasca; el de Salud, Juan Bernardo Sánchez; el de Inclusión Económica y Social, Harol Burbano; la ministra de Educación, Alegría Crespo; y el defensor del Pueblo, César Córdova, entre otras autoridades.
Córdova destacó el acompañamiento que hizo la Defensoría a los primeros trabajadores de Furukawa que denunciaron estos hechos y relató cómo las víctimas iban perdiendo en cada instancia judicial a la que se enfrentaron, hasta que decidieron llevar el caso a la Corte Constitucional, que les dio la razón.
Corte Constitucional vigilará el cumplimiento de la sentencia
Además, Córdova recordó que el caso se encuentra también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El defensor señaló que el próximo miércoles habrá una reunión en la que la Corte Constitucional examinará lo que se ha cumplido hasta este momento y lo que falta por hacer, entre lo que está el pago de las indemnizaciones que la compañía sentenciada debe entregar a las víctimas.
Una lucha judicial que llegó hasta la Corte IDH
Durante el acto, algunas de las víctimas exigieron a los ministros presentes que además de las disculpas cumplan con una reparación integral, con el objetivo de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.
“Gracias por las disculpas, pero ¿creen que con las disculpas se sanan las heridas? No. ¿Con las disculpas se reviven los muertos? No. Entonces queremos que esto no quede en la impunidad“, señaló una mujer.
Por su parte, Alejandra Zambrano, abogada de las víctimas, indicó que ellos esperaban escuchar que el Gobierno estaba trabajando ya en una política pública dirigida a atender y superar las causas estructurales que favorecieron la servidumbre de la gleba, tal como dispuso la Corte.
La sentencia también buscaba “restablecer la condición de vida de las víctimas“, añadió Zambrano; lo que, dijo, “no ha ocurrido”. “Las víctimas siguen afectadas en su salud y sin acceso a vivienda”, enfatizó.
“Es sobre esta política pública, en la que ya se debió haber estado trabajando en todos estos meses, sobre la que no hemos tenido conocimiento las víctimas de ninguna acción concreta y real”, denunció la abogada. EFE
