Furukawa, la empresa de capitales japoneses condenada por esclavitud moderna en Ecuador, solicitó a la Corte Constitucional la autorización para vender hasta diecisiete haciendas y, con ese dinero, pagar las millonarias indemnizaciones que el tribunal dispuso en favor de 342 extrabajadores considerados como víctimas.
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La compañía, dedicada al cultivo de abacá (musa textilis), una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil, recibió una condena de la Corte Constitucional para pagar más de 41 millones de dólares a los denunciantes.
La sentencia del tribunal constitucional atribuyó a Furukawa la responsabilidad de mantener durante más de cinco décadas un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.
Este régimen consistía en “aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición”.
Furukawa había rechazado la sentencia
Aunque en un inicio Furukawa rechazó la sentencia y aseguró que era imposible cumplirla, la empresa explicó este miércoles en su comunicado que podrá atender los pagos de las indemnizaciones si la Corte Constitucional levanta la prohibición de enajenar bienes.
“Esta medida resulta esencial para proceder con la venta de dichos activos y generar los recursos necesarios para cumplir con el primer pago estipulado en la sentencia. Sin esta autorización, la empresa no tiene capacidad de dar cumplimiento. Actualmente, espera una respuesta favorable que viabilice este proceso”, apuntó Furukawa.
De forma paralela, la compañía precisó que “ha avanzado en la implementación de acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial“.
Para ello, la empresa ha mantenido contacto con la Defensoría del Pueblo para verificar las cuentas bancarias de los beneficiarios y conocer quiénes de ellos aceptarían tierras como parte de su compensación.
También solicitó información sobre si estas personas residen actualmente en las 294 hectáreas que ocupan desde 2019. La empresa aguarda la respuesta oficial de la Defensoría para proceder conforme a la normativa establecida.
“La pronta intervención de la Corte Constitucional resulta clave para alcanzar una solución justa y sostenible. Furukawa reitera su disposición al diálogo y su compromiso de continuar trabajando con las autoridades para garantizar el cumplimiento de la sentencia en beneficio de todas las partes involucradas”, señaló la empresa.
El gerente de Furukawa habló
El gerente de Furukawa, Guido Páez, afirmó que la compañía busca “cumplir con la sentencia y, al mismo tiempo, seguir generando empleo y fortaleciendo el sector del abacá en Ecuador”. “Desde 2019, operamos como una empresa renovada, comprometida con la legalidad y el bienestar de nuestros trabajadores”, enfatizó.
Desde la nueva administración, la empresa aseguró que implementó estándares de sostenibilidad ambiental, responsabilidad económica y compromiso social, cumpliendo con la normativa vigente. Actualmente, Furukawa emplea a 92 personas en condiciones laborales y de vida dignas.
En enero, los afectados criticaron en un comunicado las disculpas ofrecidas por Furukawa al considerarlas una “burla” hacia los trabajadores y un nuevo atentado contra los derechos humanos de los abacaleros, en especial, el derecho a la reparación integral.
Según ellos, la empresa no dialogó ni acordó el acto de disculpas con las víctimas y apareció de sorpresa, acompañada por la Policía y sin notificar a las 342 víctimas reconocidas ni a sus representantes legales. Como resultado, el acto se realizó ante “un muy pequeño grupo de trabajadores que no son víctimas del caso”.
