Si un efecto de la sentencia contra el articulista Emilio Palacio y los directivos de El Universo fue una no calculada reacción a favor de la libertad de expresión, hay un efecto colateral que el Gobierno tampoco puede desestimar. Dado que el supuesto delito de injuria se basa en la afirmación de que el presidente Correa habría ordenado fuego a discreción, Palacio divulgó el reporte sobre el operativo para sacar a Correa del hospital policial.
El Gobierno, que ha impulsado durante 10 meses una cruzada para investigar los sucesos del 30-S bajo la premisa de que hubo conspiración e intento de golpe, fue tomado fuera de base. No resultó contundente la explicación del Ministro de Defensa sobre quién ordenó disparar en el operativo, pregunta que se volvió recurrente en las redes sociales y cuya respuesta es indispensable si se trata de llegar al fondo del asunto.
Lo que hasta hoy queda claro, en función del reporte, es que el Presidente, telefónicamente, dispuso al Ministro y al Jefe del Comando Conjunto que se lo rescatara, y que una parte del personal llevó armamento letal en caso de que su empleo fuera necesario.
Esas realidades no son fáciles de conciliar con la afirmación de Javier Ponce de que las FF.AA. nunca recibieron orden de disparar ni de atacar el hospital. O con su deducción de que más importante que preguntarse quién ordenó disparar, sería preguntarse quién ordenó la insurrección. Las dos preguntas son igual de importantes y ya va siendo hora de responderlas, más aún ahora que está en boga la teoría de la autoría vinculante.