Policías y militares no serán los únicos implicados en los juicios que se han desarrollado por los hechos del 30 de septiembre. Ahora, un grupo de 13 ciudadanos se suman a la lista de acusados por la Fiscalía.
Esto debido a que el juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha, Raúl Martínez Muñoz, acogió el dictamen del fiscal Gustavo Benítez quien señaló a las 13 personas como culpables del delito de “sabotaje y terrorismo”. Esto por haber propiciado el ataque y destrucción de un servicio público, durante la irrupción al edificio de los medios públicos el 30-S.
La tarde de ayer se emitió el auto de llamamiento en contra de los procesados: Marcelo Marín, Paúl Camacho, Pablo Guerrero, María Alejandra Cevallos, Francisco Endara, Patricio Fajardo, José Guerrero, Galo Monteverde, Víctor Hugo Erazo, María Crespo, Nery Proaño, Juan Carlos Carrasco, y Xavier Montesdeoca.
Ellos deberán responder en calidad de presuntos autores de sabotaje y terrorismo, que según el Código Penal ecuatoriano puede ser sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. Además se ordenó la prisión preventiva contra seis de ellos, para asegurar su comparecencia.
La decisión del juez no sorprendió a los implicados. Ahora, están armando su defensa y sostienen que en el proceso la acusación no podrá ser comprobada.
También analizan solicitar a la Defensoría del Pueblo que vigile el proceso.