Lo actuado por la Asamblea, con respecto a las ternas para nombrar a los vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), demuestra que la clase política del Ecuador no entiende que la institucionalidad se juega con sus decisiones y que eso, especialmente en un proceso de transición, solo afecta la credibilidad de ese organismo.
Las elecciones seccionales fueron convocadas el pasado 21 de noviembre, con la novedad de que el TCE está incompleto y no hay un órgano que pueda dirimir disputas electorales, impugnar candidaturas o revisar la legalidad de las directivas de los movimientos y partidos políticos. Un reportaje de este Diario muestra que el TCE tiene 33 causas detenidas. El problema es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) cesó a tres de cinco magistrados de ese organismo el 29 de agosto pasado.
Solo el 16 de octubre el Cpccs-t elaboró el mandato para elegir a los tres magistrados que faltan y a cinco suplentes. Allí disponía que la Función de Transparencia, el poder Legislativo y el Ejecutivo envíen ternas. Solo la Asamblea no logró aprobar sus elegidos. Mientras tanto, ayer vencía el plazo y se anunció que hoy el Cpccs-t elegirá a esos funcionarios.
El 8 de noviembre, el Pleno de la Asamblea intentó nombrar a la terna. Pero no hubo mayoría y la votación quedó ahí. Algunos asambleístas argumentan que ese resultado se dio porque la Constitución dice, en el artículo 224, que es el Cpccs el que debe elegir a los magistrados del TCE, y que no se habla de ternas enviadas por la Asamblea.
Los asambleístas que argumentan así van con pies de plomo, pues en el fondo no quieren tener nada que ver en posibles demandas por estas nominaciones en el régimen de transición. Pero actúan en beneficio propio, porque hacen más difícil este camino a la institucionalidad, ya que hoy se designará al nuevo TCE, con seis postulantes para ocho magistraturas (tres titulares y cinco suplentes).