Aunque el ‘boom’ inmobiliario sigue campante en el país, la vivienda popular, llamada eufemísticamente de ‘interés social’, es la hermana pobre.
¿La razones para que esta tipología no crezca como las dirigidas a los otros estratos?
La principal, explica el arquitecto Walter Carrera , es que no es ‘rentable’ para los constructores de vivienda, por la poca plusvalía que genera.
Pero, ¿qué mismo es la vivienda social o popular?
Para el Arq. Eduardo Castro, de Eco & Arquitectos, que ha levantado esta tipología residencial por cuatro décadas, la vivienda popular está direccionada a ese alto porcentaje de familias quienes, con mucho esfuerzo, pueden pagar entre USD 100 y 150 mensuales.
Estas unidades habitacionales son accesibles al Bono de la Vivienda y, por la capacidad económica de las familias, tienen precios comprendidos entre USD 15 000 y 20 000.
Con este antecedente y respetando áreas y dimensiones mínimas necesarias para un hábitat digno, asevera Castro, la vivienda popular ideal es la que tiene 54 m², divididos en dos plantas. Esas viviendas poseen dos dormitorios y tienen una proyección de crecimiento a 74 m² (de tres alcobas).
En los proyectos de Eco & Arquitectos, como Ciudad Serrana, por ejemplo, el crecimiento está diseñado hacia la parte posterior. ¿La razón? Para salvaguardar el entorno urbano y para no propiciar el deterioro de las viviendas y su conjunto, dice Castro. “Así se puede precautelar el pequeño patrimonio”.
La vivienda popular es sinónimo de vivienda económica pero, en ningún caso, puede considerarse de mala calidad. La vivienda económica debe ser construida masivamente, en terrenos no muy costosos y con alternativas (áreas/acabados) que permitan a las familias de bajos recursos acceder a la tenencia de una solución digna, bien construida, bien diseñada y a precios moderados.
Es vital la intervención del Estado en la construcción de esta tipología. Su aporte es de dos perfiles, dice Castro.
El primero es el financiamiento estatal adecuado para los promotores, con intereses preferenciales y plazos congruentes con la legalización municipal y de los procesos de compraventa.
El segundo perfil es el financiamiento a los compradores, con el Bono de la Vivienda y los créditos hipotecarios a largo plazo, que les posibilite acceder a una vivienda digna y de mayor valor (hasta USD 25000).