¡Ganamos! Esta es la palabra que una y otra vez repiten los moradores de Íntag que han batallado por tres décadas en contra de la minería en esta zona de Imbabura.
El 29 de marzo del 2023, la Corte Provincial de Imbabura falló a su favor, en un proceso antiminero que los ha desgastado y también ha dividido a las familias. Sin embargo, haber logrado la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto Llurimagua es una victoria que los enorgullece, revitaliza y alimenta su mayor esperanza: que la gente entienda que el bosque que le rodea es una parte vital en su cotidianidad.
Para llegar a este fallo, expertos en áreas como herpetología, hidrología y botánica han sido aliados estratégicos de los moradores de este valle imbabureño. Mientras que los comuneros formaban parte de la resistencia en la zona minera, en las calles, ante los tribunales e, incluso, en la cárcel, los investigadores estuvieron concentrados en recabar los datos necesarios para demostrar que en esta localidad hay un componente biológico que no puede pasar desapercibido.
Ciencia y derecho se unieron por Íntag
Andrea Terán, bióloga e investigadora del Centro Jambatu, participó en este proceso. En 2016 se realizó un muestreo de anfibios en la zona de Junín, Íntag, para conocer las especies del lugar.
En ese entonces, para ella era muy extraño que en el estudio de impacto ambiental de 2014 se hablara de una decena de especies de anfibios en una zona que es conocida como un ‘hotspot’ de biodiversidad.
El tiempo le dio la razón. En 2016 fue redescubierta la rana arlequín hocicuda (Atelopus longirostris), una especie que se creía extinta, ya que los últimos registros databan de 1989; pese a que su zona de distribución era amplia, desde Imbabura hasta Cotopaxi.
Para Terán, redescubrir esta especie en Junín, un poblado a los pies de la zona de concesión minera, fue uno de los enganches para que más científicos se uniesen a las exploraciones biológicas en la zona. Gracias a ese trabajo, en 2019 se descubrió una nueva especie, la rana cohete Resistencia de Íntag (Ectopoglossus sp); también se halla en un área de influencia del proyecto minero. Tanto esta como la arlequín hocicuda no aparecen en los estudios de impacto ambiental.
Gustavo Redín, abogado y presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medioambiente, explica que este trabajo en conjunto con los investigadores se reflejó en más de 30 amicus curiae provenientes de la ciencia. Estas son intervenciones de terceros que evidenciaron el papel e importancia que tienen las plantas, animales, agua y demás en Íntag, y que sirvió para explicarles a los jueces lo que se intenta preservar.
Juan Manuel Guayasamín, biólogo y docente universitario, sostiene que el trabajo realizado en esta ocasión deja un precedente para otras comunidades que enfrentan procesos legales en contra del extractivismo. Él participó en este proceso revisando y contrastando estudios de impacto ambiental, a los cuales se refiere como “tremendamente superficiales” y que “no documentaban a las especies más amenazadas en la zona”.
Redescubrir la naturaleza de Íntag gracias a la ciencia
Cenaida Guachagmira y Hugo Ramírez crecieron bajo la sombra de la minería en Íntag. Sus padres fueron violentados por esta. Ellos mismos han sido perseguidos por oponerse al extractivismo (Hugo pasó en la clandestinidad porque estaba acusado de un supuesto ataque a integrantes de la Enami). A pesar de los baches que han encontrado en su camino, ahora dicen orgullosos que ganaron.
Guachagmira formó parte del equipo de ciudadanos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo que presentó la acción de protección en contra del Estado.
La participación de los científicos fue un impulso en su proceso de resistencia antiminera. Al interactuar con los especialistas, ella pudo comprender, por ejemplo, cómo la presencia o ausencia de una pequeña rana era un indicador biológico sobre la salud del ecosistema.
Para Ramírez, en cambio, la conservación del bosque es una cuestión que va unida intrínsecamente a sus labores. Además de trabajar en el campo, él es guía ecoturístico. Usualmente hace sus recorridos por las montañas, junto con científicos, quienes han reafirmado su pasión por defender los derechos de la naturaleza.
Al caminar por Junín, un joven de 19 años no duda en mostrar su alegría por el fallo a favor de Íntag. Es Erick López, quien es paraecólogo. Como parte de su oficio, recorre los bosques de este valle para registrar las especies de anfibios, reptiles y mamíferos y entregar esos datos a los investigadores. Defiende que la ciencia es un mecanismo que ayuda a las comunidades a empoderarse en procesos de resistencia minera.
La exploración minera está detenida desde 2018
El proyecto minero Llurimagua atraviesa por dos momentos graves. Primero, ya no tiene licencia ambiental; segundo, se espera la fijación de la audiencia para un proceso de arbitraje, propuesto por la empresa chilena Codelco contra Ecuador.
La Corte Provincial de Imbabura revocó la licencia ambiental, que fue otorgada en 2014 por el Ministerio del Ambiente.
Las oenegés ambientales y de derechos humanos presentaron una acción de protección el 30 de noviembre de 2021, en un juzgado multicompetente de Cotacachi. El juez falló a favor del proyecto, pero en segunda instancia la Corte tomó otra decisión.
Santiago Chamorro, gerente general de la Empresa Nacional Minera estatal (Enami-EP), indica que no tomarán ninguna acción legal y esperarán hasta que se tenga el instructivo para hacer la consulta ambiental y tener la licencia.
Su socia Codelco analiza qué acciones legales emprenderá. Sin el permiso no se puede realizar la exploración, que está en etapa avanzada, comenta Chamorro.
Llurimagua está en manos de la Enami y de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) desde 2011. Pero el 7 de diciembre del 2015, ambas empresas firmaron un acuerdo de accionistas.
Enami y Codelco perforaron 100 000 metros en Llurimagua, de donde extrajeron las muestras de cobre. Foto cortesía Enami-EPLa Enami y la filial ecuatoriana de Codelco, Exploraciones Mineras Andinas (Emsaec), hicieron exploraciones en 700 hectáreas que contaban con la licencia ambiental. En 2018 solicitaron una nueva para otro bloque de 700 hectáreas.
Chamorro indica que no lo consiguieron. La concesión minera, de 4 829 hectáreas, tiene cobre y molibdeno, y está en las parroquias rurales García Moreno y Peñaherrera del cantón Cotacachi.
Los cálculos iniciales apuntaron a que Llurimagua tenía reservas de 380 millones de toneladas de cobre, indica Chamorro. Otro estudio habla de 500 millones.
Según Chamorro, las inversiones hasta 2018 fueron de más de USD 3 millones. Pero la inversión social en vialidad, salud y educación se mantiene en las comunidades del área de influencia, asegura.
Pedro Vallejos, de la comunidad Chalguayacu Alto, pide que se deje operar a la minera porque es fuente de empleo. Antes trabajaban 250 personas; ahora son 130.
A esta revocatoria se suma el arbitraje de Codelco de diciembre de 2021. La minera chilena quiere la creación de una sociedad para desarrollar el proyecto. Sin embargo, la Enami no está en capacidad económica para asumir inversiones. La Procuraduría espera la fecha de la audiencia.