La Asociación de Empresas Automotrices presentó cifras del comportamiento del mercado en el último trimestre del año pasado. La principal conclusión es que el volumen de ventas creció un 21% frente a igual período del 2015.
Este 9 de enero, el Semanario Líderes llega a su edición número mil. Durante 19 años consecutivos, por sus páginas se ha registrado la historia económica del Ecuador, con sus vaivenes, aciertos y desaciertos, en épocas de bonanza y de crisis; pero una de las características de este producto editorial de Grupo EL COMERCIO es que en ellas ha destacado el espíritu emprendedor del ecuatoriano.
Al realizar un balance del año que termina, sin duda el consumo tuvo un rol protagónico, ya que su caída fue determinante para el desarrollo de varias empresas y el consecuente efecto en los índices de recaudación de impuestos y en el desempleo. Un reflejo de ese comportamiento es el Índice de Precios al Consumidor: hasta noviembre, la inflación anual se ubicó en 1,05% y a lo largo del 2016, hubo cuatro meses con descensos importantes (julio, -0,09%; agosto, -0,16%; octubre, -0,08 y noviembre, -0,15%). Hasta diciembre se espera una inflación anual inferior al 2%.
La débil demanda interna, los mínimos niveles de inversión, la reducción del consumo de los hogares y la inestabilidad normativa derivada de las políticas públicas son, entre otros, los aspectos que más pesan a la hora de hacer un balance anual del desempeño empresarial. Eso, sin tomar en cuenta aspectos de índole natural, como los terremotos, o el comportamiento del mercado externo, que al final también influyen en la gestión productiva.
El tema de las tasas de interés ha sido un asunto de conversación y análisis de los agentes económicos, tanto dentro como fuera del país. A escala internacional, la decisión tomada el pasado miércoles por la Reserva Federal de los EE.UU. (Fed, por sus siglas en inglés), de incrementar la tasa de 0,50% a 0,75%, ocasionó un sacudón en los mercados externos: el dólar se fortaleció, pero el euro y otras monedas latinas tuvieron un declive.
A partir del segundo cuatrimestre del 2014, la percepción negativa que tienen las pymes sobre el desempeño de la economía ha tenido un crecimiento permanente. Además, son dos años consecutivos en los que no tienen mejores expectativas para alcanzar un mejor escenario, tanto en ventas como en producción.
Muchos empresarios estarán este momento diseñando la estrategia corporativa que pondrán en práctica las próximas semanas y meses, para sobrellevar las recientes medidas creativas del Gobierno. Algo ya común en esta administración: la renovación permanente de las reglas de juego. Por una parte, está el proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y la Fijación de Tributos. En palabras más sencillas, el proyecto de Ley de Plusvalía.
El ecuatoriano no solamente paga más impuestos sino que destina más tiempo, en comparación con otros países de la región, para cumplir sus obligaciones tributarias. Así lo reveló el estudio ‘Paying Taxes 2017’, presentado esta semana por el Banco Mundial y PwC.
En la recta final del año en curso, las metas trazadas por el Ejecutivo -en cuanto a la recaudación de impuestos- difícilmente se podrán alcanzar. A inicios de año, las proyecciones oficiales apuntaban a obtener unos 14 000 millones de dólares. Hasta octubre, apenas se superan los 10 000 millones (sin incluir los montos obtenidos por la ley solidaria en beneficio de los afectados por el terremoto del 16 de abril), por lo que es bastante difícil que entre noviembre y diciembre se pueda alcanzar la meta prevista para el 2016.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) presentó el estudio ‘La carga tributaria en el Ecuador’. Allí se menciona que las 25 reformas que se han aprobado entre el 2006 y el 2015 (y aún faltarían otras, si se cumple el anuncio del Ejecutivo de enviar el proyecto de Ley de Plusvalía antes de que termine este Gobierno), provocaron que la carga tributaria se incremente en siete puntos en ese período.
Cuando las empresas tienen que tomar una decisión a la hora de ajustar sus costos operativos, por el lado del recurso humano, casi siempre se inclinará por los que menos tiempo tienen en las compañías. Consecuentemente, los jóvenes pueden ser los ‘más idóneos’ dentro de ese grupo de elegidos.
El proyecto de Ley Orgánica Integral de Salud Prepagada se aprobó en la Asamblea Nacional y ahora las empresas que se ven ‘afectadas’ por la norma definen nuevas estrategias para mantenerse en el mercado. Eso, como consecuencia de la polémica disposición que les obliga a realizar desembolsos al Estado, cuando sus asegurados utilicen la red de servicios, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como del resto de hospitales o centros de salud públicos.
El Ministerio de Trabajo divulgó una normativa que permite regular el teletrabajo, permanente y parcial, en el país. En la presentación no faltaron los discursos revolucionarios: “proponemos el teletrabajo como una forma que revolucionará la manera de trabajar, de producir y de proyectarnos hacia el futuro”.
El Foro Económico Mundial publicó los resultados del Reporte de Competitividad Global 2016-2017. En ese ranking, Ecuador se ubicó en el puesto 91 entre 138 naciones. Esto significa que el país perdió 15 puestos en comparación con el reporte 2015-2016, cuando estuvo en la posición 76 en un listado de 140 países.
En noviembre del año pasado, una decisión del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) despertó la inquietud de afiliados y jubilados, en el sentido de que se tomarán recursos del Fondo de Pensiones para atender los problemas financieros del Fondo de Salud. La respuesta que en su momento dieron las autoridades fue que esa operación no afecta la sostenibilidad de la institución. Y además, se comprometieron en presentar los estudios actuariales del IESS, para minimizar esas preocupaciones.
El anuncio que desde octubre Ecuador reducirá un porcentaje de las salavaguardias a 1 784 productos importados es un espaldarazo al acuerdo comercial que el país quiere concretar este año con la Unión Europea (UE).
Aparentemente septiembre se muestra como un mes en el cual las microempresas y pymes (mipymes) pueden obtener beneficios de la política gubernamental. El primer paso se dio con la reunión entre el Gabinete y representantes de la Capeipi, en donde tras un llamado de atención por el olvido de gestionar la adecuación de un parque industrial en el sur de Quito, se ofreció asignar USD 40 millones desde la banca pública, para promover emprendimientos industriales.
Fiel al estilo de sorprender a los mismos funcionarios del Gobierno, esta semana (4 de agosto) se llevó a cabo a las 06:00, el Taller Industrial, con la presencia de las máximas autoridades del Estado y los ministros del área productiva.
Hace pocos días, el Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar publicó los resultados de su encuesta correspondiente al III cuatrimestre del 2015, sobre el desempeño de estos negocios. Allí se muestran datos importantes sobre su rol en el desarrollo del Ecuador, pero también se refleja el impacto que ocasiona en su funcionamiento la contracción económica que atraviesa del país desde el año pasado.
Las autoridades no creen que el país atraviese por una crisis económica. Su punto de partida es que la realidad no se parece en nada a la que se vivió a finales de la década de los noventa. El hecho de que se hayan reportado tres trimestres consecutivos de decrecimiento -entre julio del 2015 y marzo del 2016- (aunque se trata de una contracción importante, desde que el Ecuador se dolarizó en el 2000), no constituye para el Régimen una señal de que la situación esté tan mal.