Aparentemente septiembre se muestra como un mes en el cual las microempresas y pymes (mipymes) pueden obtener beneficios de la política gubernamental. El primer paso se dio con la reunión entre el Gabinete y representantes de la Capeipi, en donde tras un llamado de atención por el olvido de gestionar la adecuación de un parque industrial en el sur de Quito, se ofreció asignar USD 40 millones desde la banca pública, para promover emprendimientos industriales.
La oferta también incluyó dar más espacio a la producción nacional en las compras públicas. Esta es una opción interesante y hay experiencias como el proyecto Ingenia Tec, cuyo objetivo es promover la producción industrial y tecnológica en Ecuador, apoyar la creación y desarrollo de 43 implementos como partes de impresoras, purificadores de agua, pen drives, generadores eléctricos… Datos de la Senescyt señalan que desde el 2009 hasta el 2014, se importaron USD 2 200 millones en esos 43 artefactos. Con Ingenia TEC se busca ahorrar 370 millones en importaciones anuales.
Otra iniciativa que se puede esperar este mes en beneficio de las mipymes puede ser al tratamiento de dos leyes, a favor de los artesanos y el turismo. Todo esto en el contexto de una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, que también busca fortalecer a las cooperativas de ahorro y crédito, con la redefinición de criterios como administración, control, reservas, etcétera.
Nunca es tarde, pero ahora el Régimen regresa su mirada hacia los pequeños empresarios en épocas en las que la economía pasa por un mal momento. Lo importante será esperar que estas oportunidades sean orientadas hacia el desarrollo y no provoquen una dependencia del Estado que limite su innovación y crecimiento. Solo hay que ver lo que pasó con las empresas que apostaron por la fabricación de cocinas de inducción y ensamblaje de celulares. Grandes inversiones y pocos resultados; unas incluso cerraron, porque se creyeron todos los ofrecimientos de las autoridades.