Grace Jaramillo

Visión de túnel

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Domingo 01 de noviembre 2020

Tengo que confesar que el oficio del procurador Íñigo Salvador, santificando el nombramiento del exministro Richard Martínez el Banco Interamericano de Desarrollo con el argumento de que un banco no es un banco, me golpeó. Estando lejos, me es difícil entender cuán rota está la institucionalidad ecuatoriana, pero ésta fue una métrica como pocas.

Decididamente, el Ecuador ha entrado en una deriva donde todos piensan primero en sí mismos antes que en el país. Mi primer artículo sobre el tema fue hace más de 15 años cuando un ministro del servicio diplomático decidió -por sí y ante sí- ser electo al prestigioso Comité de Derecho Internacional, donde sólo decanos con larga trayectoria y con decenas de publicaciones académicas podían estar. Una nación y una cancillería generosas debían haber discutido nombres como Fabián Corral o Carlos Estarellas, pero eso nunca pasó. No se trata de negar a ninguna persona su derecho a tales aspiraciones, pero éstas tienen que ser vetadas por el Estado ecuatoriano que invierte recursos tangibles e intangibles en alcanzarlas.

No son casos aislados, el récord de candidaturas discutibles ha sobrepasado de largo los beneficios. Resaltan las de Alfredo Palacio a la Secretaría General de la OMS, Ivone Baki a la Secretaría General de la Unesco, Patricio Pazmiño a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la peor de todas, María Fernanda Espinosa no sólo a la Asamblea de la ONU sino luego a la OEA. Pero esto no ha dado pausa a nadie. Richard Martínez aceleró el paso; primero, cabildeando nada menos que por la Presidencia del BID en diciembre del 2019, aún antes que su gestión visibilice resultados. Luego, aceptando un cargo directamente relacionado con la cuestionada elección del trumpista Mauricio Claver-Carone, opuesta hasta por el Partido Demócrata estadounidense. ¿Cómo puede una nominación así ayudar al Ecuador en la relación hemisférica?

Por cierto, el Procurador General del Estado también está buscando un cargo internacional, como juez de Lista B de la Corte Penal Internacional (CPI). Ya escribí sobre este mismo tema en el 2009, cuando la candidata por el Ecuador era una embajadora de Cancillería que tampoco reunía los requisitos. Y las observaciones se repiten. Primero, se espera que los jueces CPI sean altamente independientes y de preferencia, provengan de organizaciones de la sociedad civil con larga trayectoria en litigios de derechos humanos. Segundo, la nominación tenía que ser abierta, transparente y con deliberación informada del público. No le resto mérito al doctor Salvador. Podría ser buen candidato a la Comisión de Derecho Internacional o la Corte Internacional de Justicia, pero su condición de Procurador General del Estado y su nominación hecha sin procedimientos abiertos, lo hacen inelegible dentro del Estatuto de Roma.

Seamos generosos con el país. Candidaturas como las mencionadas dibujan un país sin instituciones, donde no hay política internacional clara ni reputación que defender.