En una reunión para analizar la situación del país y las posibilidades de inversión entre un muy pequeño grupo de empresarios y un miembro del gabinete presidencial, la mayor preocupación, muy por sobre las demás, fue la situación de inseguridad que vive el Ecuador. Detrás estuvieron la inestabilidad jurídica, la debilidad política del régimen, la rigidez laboral, la selectiva lentitud de la fiscalía y las cortes, la corrupción rampante y el desprestigio de la Policía.
No es posible promover inversión nacional y extranjera -dijeron los empresarios – mientras proliferan los asesinatos, las muertes violentas, el descontrol de las cárceles, los asaltos, las vacunas y el miedo a circular libremente por calles y carreteras. Y no existe una política global y efectiva para terminar con la situación, o al menos controlarla. Según una información de este diario, ha aumentado tres veces el número de vehículos blindados localmente cada año, lo cual es muestra clara del clima de inseguridad y temor que vive la nación.
También son causa de la inseguridad las protestas y manifestaciones violentas de varias organizaciones indígenas encabezadas por una persona que no cree en la democracia y la economía de mercado, sino que propugna el “comunismo indoamericano” como el sistema que hay que lograr, inclusive con métodos violentos. Súmese a ello la extraña actitud de la fiscalía y los jueces para dejar en la impunidad a los responsables. Contribuye, así mismo, la ingenuidad del gobierno al permitir que tales organizaciones impongan su criterio en las mesas de diálogo que concluyeron hace pocos días con supuestos 218 acuerdos. Políticas como la minera, la de hidrocarburos, la de educación, son competencia exclusiva del gobierno legítimo, concluyeron los empresarios. Y, por tanto, reiteraron la urgente necesidad de que la administración Lasso actúe con inteligencia y sagacidad política, vigor, dinamismo e iniciativa.