La inseguridad se extiende de diversas y atemorizantes maneras en el país, con incontables sicariatos día tras día, con asaltos en carreteras y en unidades de transporte, con robos a domicilios por bandas integradas por sujetos que invaden los hogares, permanecen todo el tiempo necesario, intimidan y maltratan a familias enteras, hasta substraerse todo tipo de artículos y artefactos para transportarlos en furgonetas. Se han multiplicado los secuestros y cada vez son más frecuentes los asesinatos de los cautivos, mientras los asambleístas no se inmutan ante estos y otros muchos acuciantes problemas que ahogan al país, para ellos es mejor no percibir los riesgos que amenazan al IESS, la persistencia de la desnutrición infantil, el intimidante crecimiento de la inseguridad, el descalabro de la justicia, la falta de empleo, la inexistencia de una buena educación y la falta total de unsistema nacional de salud.
Pero, en cambio, arman comisiones para que desarrollen asuntos intrascendentes como la calificación de la gestión gubernamental. No faltan comisiones permanentes de la asamblea, como la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que se encuentra empeñada en tratar el proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no Humanos, que pretende defender derechos de los animales superando el respeto a los derechos de los seres humanos, con prohibiciones y amenazas que limitan la preparación y el consumo de alimentos de origen animal. Los derechos de los animales no podrán equipararse a los derechos humanos, pero el proyecto de ley los equipara y coloca en el mismo ámbito; prohíbe exhibir los animales faenados, completos o en pedazos, “colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales” ( No se podrá ver ni cuyes, ni pollos, niningún tipo de animal en los asaderos o a la vista del público); el proyecto no permite dar muerte a animales a través de prácticas crueles como asfixia, trituración,aplastamiento o incineración. ¡Qué desperdicio de tiempo, cuanta intrascendencia!
Capítulo aparte es la Comisión de Fiscalización obstinada en conseguir, a cualquier precio, la impunidad para los coidearios de la presidenta, que han sido sentenciados y que están presos o prófugos; para conseguirla pretende destituir a la eficiente Fiscal General, que ha destapado el involucramiento de varias instituciones judiciales y administrativas con la narcopolítica y el crimen organizado. Con este propósito la presidenta y los miembros de mayoría, de esta comisión, no dudaron en tratar de incluir a un delincuente prófugo en la comparecencia que rendía la Fiscal, pero esa acción, que fue arduamente criticada, tuvo hace pocos días una réplica cuando presentó su versión el ex presidente de la judicatura, Wilman Terán, que mantiene órdenes de prisión preventiva en los casos Metástasis e Independencia, pero que fue recibido con inusitada delicadeza y distinción por los vocales de Alianza País, pues llegaba preparado para cuestionar a la valiente Fiscal General y al presidente de la República; una vez que el cuestionado abogado Terán cumplió con ese cometido, fue premiado por la inefable presidenta de la comisión, digna representante de la bancada correista, con la recomendación al pleno, de archivar el juicio político que se le había planteado por el incumplimiento de funciones. Abundan las ilegales coincidencias en que los delitos y los delincuentes sentenciados y prófugos encuentran amparo en el correísmo y en sus comisiones, aunque, una de ellas, se denomine “de justicia”.
No se queda atrás la comisión designada para investigar el asesinato del ex candidato y gran batallador, Fernando Villavicencio. Al culminar una prolongada “investigación”,arribó a una “magistral conclusión”, el crimen se debió “a un delito común”. Desde luego, previamente se desechó el informe de la presidenta de esta comisión que mencionaba a la narcopolítica como parte de este hecho criminal.
Las cerezas del pastel, han sido colocadas por la comisión ocasional que tramita las reformas de la consulta popular 2024 que, sin tener atribuciones legales para hacerlo, pretende modificar el pronunciamiento popular relacionado con la simplificación del proceso de extinción de dominio, pues informa que no se puede simplificar y que antes de recuperar para el Estado los activos que permanecen en manos de los delincuentes, se requiere de una sentencia condenatoria ejecutoriada, un paso que beneficiaría a los transgresores de la ley y dificultaría la concreción de estas justas expropiaciones.
Otra perla con la que se viola la voluntad popular, que se pronunció por el incremento de penas por delitos vinculados al terrorismo, tráfico de armas y drogas, es el informe de esta comisión en que niega este incremento. ¿Para quién legisla la Asamblea? ¿Para el pueblo y la justicia o para la ilegalidad y la delincuencia organizada?
¡ Huy….la Asamblea !
