Los dos asesinatos tienen muchas diferencias y un elemento similar: se pretenden clasificar como delincuencia común y se niega su carácter político.
El general Gabela fue gravemente herido el 19 de diciembre de 2010 y murió el 29 de ese mismo mes. El ministro de Gobierno de entonces aseguró que fue víctima de la delincuencia común y allí empezó un largo calvario que no termina de cerrarse pese a los titánicos esfuerzos de su viuda por llegar a la verdad. Desde 2010 hasta la fecha han pasado 14 años y 4 gobiernos: el de Correa en el cual sucedió el hecho, el de Moreno, el de Lasso y el actual de Noboa. Todos han ofrecido investigar el crimen y descubrir sus autores intelectuales. Se contrató un experto extranjero que elaboró el respectivo informe, en el que, según su autor, se señalaron los posibles autores intelectuales; se han ocultado documentos, iniciado juicios, pero la muerte violenta del denunciante de la corrupción en la compra de los helicópteros Dhruv, sigue siendo un misterio. Debe haber fuerzas muy poderosas que han logrado mantener ocultos a los autores mediatos.
El magnicidio de Villavicencio, candidato a la presidencia, asesinado a mansalva en agosto de 2023, tiene características todavía más extrañas: Ocurrió a plena luz del día al salir de una concentración electoral en un coliseo de una institución educativa de Quito. La guardia de seguridad incumplió normas elementales de protección al candidato. Los supuestos autores materiales detenidos por la Policía fueron eliminados en las siguientes horas. La Asamblea -cuando no- formó una comisión especial para que investigue el caso, que concluyó luego de abultadas e innecesarias páginas, que se trató de delincuencia común. Y penosamente, podrán transcurrir meses y años sin que se sancione a quienes ordenaron su muerte.
Estos dos casos- más allá de la tragedia para sus familias- confirman la ausencia de la mínima institucionalidad que requiere el país para su desarrollo económico-social. Si no existe una administración de justicia independiente, capaz y honesta a la cual los ciudadanos puedan acudir en protección de sus derechos, la descomposición social continuará a pasos acelerados.